Pasado ya el ecuador de la legislatura en Andalucía y cuando hay muchos que vislumbran un final abrupto con unas elecciones anticipadas, hay elementos suficientes encima de la mesa para concluir que el Gobierno del cambio ha cambiado poco. Andalucía, a pesar de la convulsión que en todos los órdenes de la vida social y económica ha supuesto la pandemia, se sigue gobernando con el mismo libro de estilo que aplicaron los socialistas durante su larga permanencia en el poder. Básicamente porque los márgenes de maniobra tampoco es que sean demasiado anchos: la autonomía consiste en que los hospitales y los colegios abran todos los días para que dar los ciudadanos puedan ser atendidos y que los servicios sociales puedan cumplir su función con más o menos dignidad. Pero pregunten a un sanitario, a un profesor de Secundaria o algún dependiente cuánto han mejorado las cosas en los últimos tres años y no se llevarán una sorpresa: todo está más o menos igual. Aunque sería tonto ignorar que se ha hecho un esfuerzo inversor en la sanidad con motivo de la pandemia que ha conllevado la inauguración de algunas instalaciones y la contratación de los trabajadores que aguardaban en las bolsas de empleo.

Quizás no hubiera muchas posibilidades de cambio en el tronco de la estructura autonómica -la prestación de los servicios sociales básicos-, pero tampoco los ha habido en las ramas, donde un Gobierno sí tenía posibilidades de mejorar y cambiar. No han llegado las grandes inversiones extranjeras y nacionales que iban a desembarcar en cuanto se desbrozase la selva de inútiles requisitos burocráticos que tenían montados los socialistas. Quizás no han llegado porque el desbroce ha sido mínimo y la selva es aún intrincada y quizás, también, porque Andalucía sigue sin ser competitiva en muchos de los factores que mueven las grandes decisiones empresariales.

Pero donde se ha visto más claramente que el cambio había llegado para cambiar muy pocas cosas ha sido en la cantidad de chiringuitos y organismos superfluos que siguen, sin otro criterio de utilidad que acoger a los que los partidos consideran dignos de ser acogidos y provistos de una nómina. Ahí tienen, por ejemplo, un Consejo Audiovisual que nadie ha logrado desentrañar para qué sirve, o las adjuntías al Defensor del Pueblo sin otro requisito para ser ocupadas que la obediencia a unas siglas, o los cientos de fundaciones y observatorios de todo tipo que siguen poblando el vasto universo que se controla desde el Palacio de San Telmo.

El cambio ha sido más un eslogan para la propaganda del Gobierno andaluz que una realidad tangible que haya mejorado o siquiera alterado la realidad cotidiana de los andaluces. Bueno, sí han cambiado los que están: antes eran los otros y ahora están ellos. Y no es un cambio menor.