AUNQUE, como estamos viendo en estos días con las revueltas en algunos países árabes, es opinión extendida que la democracia viene a ser para la política lo que los sacramentos son a la religión católica, esto es, un mecanismo de acción instantánea que confiere, ipso facto, a los ciudadanos de la nación que la establece como sistema de gobierno todas las ventajas, virtudes y atribuciones que -según la teoría- tal régimen comporta, del mismo modo que la administración de un signo sacramental cambia, en el acto, la condición del creyente haciéndole pasar, por ejemplo con una simple frase, ego te absolvo de la inmunda condición de pecador a un seráfico estado de gracia. Sin embargo, lo cierto es que la verdadera democracia no se puede lograr de un día para otro y precisa, necesariamente, del esfuerzo, la formación y la participación del primer término de su nombre -el "demos"- para, a lo largo del tiempo, poder vertebrar con libertad, igualdad y justicia la sociedad donde se haya instaurado.

España es una buena prueba de lo mucho que está constando implantar una democracia medio decente: después de 30 años a lo más que hemos llegado es a una oligarquía, una partitocracia, donde los ciudadanos son antes el medio (como votantes) que el fin (como beneficiarios) de la acción de gobierno. Tan desprestigiada y vilipendiada está nuestra clase política que aún siendo gravísima la crisis económica que atraviesa el país, es aún más alarmante la crisis institucional que amenaza con destruir un Estado de más de 500 años.

En este sentido y a las puertas de unas elecciones generales he aquí el plan (la "hoja de ruta" que se dice ahora) que sería deseable… por el bien del país. Una mayoría absoluta del PP es imprescindible para dejar fuera de juego, de una vez por todas, a esos topos del sistema que son partidos nacionalistas y, además, para provocar la necesaria crisis en el PSOE que propiciase una profunda depuración en su seno y, si tal cosa fuera posible, su regeneración y modernización. En esas circunstancias sería factible el abordaje de cuestiones que precisan el consenso de los dos grandes partidos, a saber: aprobar una nueva ley electoral; legislar para que se produzca una efectiva separación de los poderes del Estado y la saludable despolitización de la justicia; regular y fiscalizar la financiación de los partidos; reformar el reglamento del Congreso y sopesar la conveniencia de que exista el Senado; aligerar -mediante la recuperación de competencias- el insostenible "Estado de las autonomías"; privatizar las onerosas televisiones autonómicas; acabar con los privilegios de los sindicatos y, por último hacer valer los valores, derechos y libertades del individuo por encima de las ideologías.

Esta regeneración democrática se antoja más urgente que cualquier medida económica y, en cualquier caso, obligatoria para sacar el país de la profunda miseria en la que lo ha sumido una clase política irresponsable y desvergonzada.