La bahía de Algeciras/Gibraltar es un lugar singular que presenta unas características distintivas. Se trata de un emplazamiento geoestratégico en una de las embocaduras del estrecho de Gibraltar, lugar de paso de una de las grandes rutas de navegación transoceánicas. A pesar de las múltiples agresiones medioambientales de un modelo de desarrollo basado en la industria pesada iniciado en los años sesenta del pasado siglo y de importantes infraestructuras portuarias a lo largo de todo el arco de la bahía, el medio marino es sorprendentemente rico en biodiversidad albergando colonias de cetáceos y otras especies de alto interés ecológico, alguna de ellas en peligro de extinción.

Este ámbito territorial complejo y privilegiado es compartido por dos jurisdicciones y dos soberanías desde la cesión de Gibraltar en virtud de un título jurídico valido y reconocido por las partes, el Tratado de Utrecht. A pesar de ello, salvo pequeñas excepciones como el Foro tripartito de Diálogo, no ha existido un marco normalizado donde se traten las cuestiones transfronterizas. En particular, no ha existido una coordinación en la gestión de los temas ambientales. Por el contrario, en este tema se ha proyectado con intensidad la ausencia de dialogo y multiplicado los desencuentros. La controversia en torno a los lugares protegidos (LICs) en el marco de la Unión Europea, los problemas sobre la gestión del bunkering o la desafortunada crisis de los arrecifes artificiales en agosto de 2013 son buenos ejemplos.

El vertido de hidrocarburos que ha tenido lugar recientemente pone de manifiesto de nuevo la ausencia total de coordinación entre las autoridades de los dos lados de la bahía en un episodio muy desafortunado que ha conducido además de la contaminación marina a un incidente con una cierta tensión entre los buques implicados.

En una bahía en permanente emergencia ambiental y con una gran densidad de población parece absolutamente necesario que las partes implicadas prioricen la necesidad de buscar marcos de entendimiento y cooperación en materia ambiental por encima de los tradicionales desencuentros y enfoques que no deben ser pertinentes en estos momentos, como la delimitación de los espacios marítimos o reclamaciones territoriales.

El proceso negociador de un nuevo estatuto europeo de Gibraltar como consecuencia del Brexit parece el momento adecuado para diseñar fórmulas de colaboración en la prevención y protección medioambiental, así como protocolos conjuntos y coordinados en caso de emergencias ambientales. No es necesario que suceda una catástrofe ambiental para darnos cuenta de lo que se debió haber hecho.