Cuatro noches de graves disturbios han colocado a La Línea de la Concepción en el centro de la atención informativa. A lo largo de todas ellas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han jugado el tipo frente a una turba salvaje que ha arrasado con todo lo que se le ponía por delante. La muerte de dos vecinos, ahogados según la versión policial mientras daban apoyo a un desembarco de droga, ha sido el desencadenante de unos incidentes que han dejado como factura más de 244.000 euros en daños materiales y, aún peor, una fractura social y un deterioro de proporciones incalculables de la imagen de la ciudad.

Lo ocurrido era cuestión de tiempo y volverá a repetirse si el diagnóstico al que llegan nuestros responsables autonómicos y estatales es que estamos ante una explosión pasajera de violencia o ante un asunto que afecta exclusivamente a algunas barriadas, como si ese encapsulamiento artificial del problema lograse limitar las consecuencias de los disparos y las piedras lanzadas contra los agentes, la quema de contenedores o el destrozo de las marquesinas en las paradas de autobús. No es así. Esas tristes algaradas callejeras son la manifestación de una situación enquistada desde hace años, que va a más y que corre el riesgo de extenderse a otras zonas de La Línea y otros municipios.

El problema de seguridad debe atajarse con más y mejores medios humanos y materiales para hacer valer el principio de autoridad: hay que actualizar las plantillas de guardias civiles, policías y agentes de Aduanas para ajustarlas a las necesidades de hoy en día, y es preciso declarar la comarca como una zona de difícil cobertura, a fin de elevar los salarios de esos funcionarios y compensar el esfuerzo adicional de todos ellos, haciendo más atractivo el destino y reduciendo las peticiones de traslado. También es preciso atender las demandas de jueces y fiscales, que soportan una carga de trabajo fuera de lo normal, endurecer las penas por narcotráfico y ampliarlas al transporte y/o tenencia no autorizada de gasolina.

Lo ha expresado una vez más con meridiana claridad Juan Franco, alcalde de La Línea, haciéndose eco del sentir de todos los campogibraltareños de bien: también hay que llevar a cabo inversiones sensatas en materia social, educativa, de formación para el empleo, en deporte para jóvenes, en atención a las personas con adicciones... Tan solo así se podrán generar alternativas al tráfico de drogas, un modo y un medio de vida promovido por las redes criminales, las cuales han ocupado a lo largo de las últimas décadas el espacio que las administraciones han dejado por su desdén hacia La Línea.

A las medidas citadas se podría sumar un estatuto fiscal propio, extrapolable al resto de la comarca, para atraer empresas y plantar cara a la competencia que ejerce el Peñón en el ámbito impositivo, tal cual lo planteó en su momento el Partido Popular y, posteriomente, el regidor linense, con su propuesta de convertir a su localidad en una ciudad autónoma.

El narcotráfico y el contrabando de tabaco son problemas globales cuyas consecuencias más negativas las paga La Línea de forma directa por su cercanía geográfica a Marruecos y Gibraltar. La ciudad es la primera trinchera donde se combate el delito y por eso es necesario actuar. Esperar a que escampe la tormenta no basta.