En la portada de ayer miércoles, este diario destacaba el aviso del gobierno gibraltareño a sus empresas para que se preparen ante la eventualidad de que no se alcance un acuerdo en las negociaciones entre la UE y el Reino Unido en relación con el estatuto europeo de Gibraltar después del Brexit. En realidad, Gibraltar dispone de planes de contingencia dispuestos de antemano ante el escenario de un Brexit duro, estableciendo preventivamente las medidas y protocolos necesarios para adaptarse ante esta negativa eventualidad.

Lo cierto es que, aun siendo optimista ante las negociaciones, y yo lo soy, la inestabilidad política británica arroja muchas incertidumbres e inquietudes sobre el proceso negociador y la provisionalidad actual no se puede ir prolongando indefinidamente. Lo que me llama poderosamente la atención es la carencia absoluta de medidas por parte de las administraciones competentes en el lado español ante la eventualidad de un Brexit duro. El referéndum sobre la salida británica de la UE fue el 23 de junio de 2016. Desde entonces ha transcurrido un tiempo más que razonable para que se identifique que el Campo de Gibraltar es probablemente uno de los territorios más afectados directa e indirectamente por el resultado del referéndum. La salida de Gibraltar ha mostrado la realidad de una comarca altamente dependiente de la economía gibraltareña donde encuentran oportunidad un alto número de trabajadores transfronterizos, que además desarrollan su actividad con una alta precariedad y un buen número de problemas jurídicos y sociales sin que hasta la fecha se hayan atendido sus necesidades de forma seria. El Brexit ha mostrado públicamente las enormes deficiencias de una comarca olvidada por las administraciones públicas, con problemas muy serios de comunicaciones y con unas infraestructuras obsoletas. Su condición de territorio doblemente transfronterizo le otorga una especial singularidad donde se proyectan serios problemas estructurales. La fortaleza de las redes de tráfico de estupefacientes contrasta con la debilidad de la presencia del Estado. Tal vez el Plan Especial de Seguridad de Marlaska haya sido la única medida relativamente útil, pero absolutamente ineficaz si se estrella ante la dejadez irresponsable de la Junta de Andalucía en relación con la bochornosa situación de la justicia en la zona. Sin un plan estratégico que, junto con seguridad, establezca medidas sociales, formativas y oportunidades de generación de desarrollo todo el plan de seguridad será finalmente ineficaz. Cuando escucho además al ministro Albares hablar de una "zona de prosperidad compartida" me pregunto si además de un bonito recurso retórico hay algo detrás. Me temo que creo adivinar la respuesta.

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