Vuelta de tuerca

Las leyes de Memoria Histórica son una seria amenaza para la libertad de cátedra y expresión

La hegemonía cultural de la izquierda, de la que extrae una abrumadora superioridad en el debate ideológico y, finalmente, político, no se asienta en la hipotética mayor abundancia de méritos y logros científicos o artísticos de personas de esa filiación, pues quiso Dios que los talentos se repartiesen con la misma prodigalidad entre quienes piensan una cosa y su contraria, sino en la habitual sobrevaloración de unos y aminoración de los otros, algo que ya parece tan natural que nadie se molesta por ello. El mismo razonamiento que lleva a Isabel Coixet a declarar que las mujeres tienen derecho a algunas ventajillas profesionales en razón de su atávica marginación, permite a la izquierda cultural sostener la justicia de compensar sus imaginarios o reales sufrimientos del pasado con la casi total entrega actual de los resortes que procuran los puestos de relumbrón, el aprecio del público, la fama y el dinero.

En España todo ese tinglado necesita para sostenerse de una sola cosa: que la versión -el relato se dice ahora- de la historia que se ha impuesto en los últimos cuarenta años, especialmente en lo que se refiere a la Guerra Civil y al franquismo, pero no sólo, se consagre como canónica y se mantenga intocable e inconsútil el mayor tiempo posible. De esa versión del pasado de los españoles, en la que la mitad de la población aparece como víctima inocente de la vesánica otra mitad, se extrae la pretendida legitimidad para el establecimiento de una supremacía moral que reduce a la derecha social a una existencia mendicante en la que, como cuestión previa, debe demostrar que no es ni puede parecer de derechas. Ese es el mecanismo que se esconde detrás de las sucesivas leyes de Memoria Histórica, artefacto que sólo fue necesario cuando la hegemonía del socialismo se vio amenazada por el fallido renacimiento conservador que supusieron los años de Aznar.

Hoy, cuando la izquierda clásica es ideológica y culturalmente un cadáver a medio enterrar en todo Occidente, la respuesta netamente carpetovetónica es plantear una nueva y más férrea ley de Memoria Histórica cuyo proyecto, presentado por el PSOE, ya está en el Parlamento. Y con ella, la más seria amenaza que se recuerde contra la libertad intelectual, de cátedra y de expresión sobre algo, como es la Historia, que las exige plenas. Ni el franquismo, por cierto, llegó a eso.

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