Sin entrar en otras consideraciones, una de las medidas más acertadas y posiblemente menos valoradas de entre las adoptadas por los gobiernos de Susana Díaz fue la aprobación, en 2017, de la bonificación del 99% de cada crédito aprobado en la primera matrícula universitaria. Ese paso permite desde entonces que los buenos estudiantes se puedan ahorrar el 75% de los costes de sus grados y que los másteres posteriores que cursen en universidades públicas les salgan prácticamente gratis. En el curso 2021/22, dicha medida beneficiará a más de cien mil alumnos, con un coste global de 43 millones de euros. Comparada con el montante global del Presupuesto anual de la Junta, por encima de los 40.000 millones, esa cifra representa apenas una gota, pero su impacto social es enorme, tanto por el ahorro que supone para las familias (algunas de ellas, con más de un universitario en casa) como por el efecto incentivador que supone para los estudiantes saber que, por cada asignatura, podrán matricularse gratis de otra al curso siguiente. No es un gasto para la Junta, es inversión en formación del capital humano.

Las universidades, como subrayó en Algeciras el pasado viernes el rector de la UCA, Francisco Piniella, no son solo centros de formación académica de los que salen ingenieros, historiadores, filólogos o investigadores -esos que crean las vacunas frente a los virus- sino que también son los lugares donde mejor se adquiere el "sentido crítico y de conciencia civil". No puede haber, por tanto, una sociedad fuerte sin universidades dotadas de los medios suficientes para cumplir con su misión. Para muchas personas, además, la universidad pública siempre será una vía de ascenso social basada en sus propios méritos.

Andalucía fue y sigue siendo punta de lanza a la hora de facilitar el acceso de los alumnos a las facultades -además de las ayudas citadas, el coste de los créditos que deben cubrir los alumnos se sitúa entre los más bajos de España- aunque se siguen requiriendo más recursos para que los niveles de docencia e investigación sean acordes a los de otras comunidades autónomas y países europeos. Lo apuntó también Piniella: la inversión de la Junta en las universidades equivale al 0,93% del PIB andaluz, frente al 1,25% de la media española.

No se trata solo de invertir más, sino también mejor y de manera más redistributiva desde la óptica de lo público. La Junta se ha propuesto recompensar con más recursos a las universidades que mejores resultados ofrezcan cada año en función de parámetros de excelencia y rendimiento. Y es justo que así sea, si bien no se puede medir a todos los campus por igual porque las circunstancias y el punto de partida de cada cual es diferente.

Los rectores llevan años pidiendo de forma unánime a la Junta -antes con el PSOE y ahora con PP-Cs- una financiación acorde a sus necesidades reales y con un horizonte temporal definido. La Ley andaluza de Presupuestos de 2022, cuyo proyecto se presentará a finales este mes, dará una idea del eco que han tenido sus demandas. En definitiva, sabremos si las universidades públicas podrán seguir jugando un papel clave como cohesionadoras de la sociedad frente a los centros privados, cuyos intereses son otros.