No es que nos cueste hacernos entender, más bien se trata de que no nos quieren oír. Y ante esa realidad, además ejercer el legítimo derecho al pataleo, en el Campo de Gibraltar nos queda también la opción de ponernos manos a la obra para tratar de cambiar el estado de las cosas. En el ámbito de la administración de Justicia lo hicieron, por ejemplo, Manuel Gutiérrez Luna y algunos más cuando en la segunda mitad de la década de los 90 se batieron el cobre para lograr que Algeciras contase con una sección propia de la Audiencia Provincial. Hubo que pelear muy duro con los poderes capitalinos para lograrlo, pero el esfuerzo colectivo del conjunto de los actores judiciales de la comarca, de algunos políticos, de los medios de comunicación y una huelga de los procuradores (sus colegas de Cádiz y Jerez no querían perder una tajada de su negocio, tampoco sus abogados) acabó por doblar el pulso al poder institucionalizado.

Con el paso de los años se han generado nuevos problemas. Los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar han vuelto a expresar esta semana, por boca del decano de los primeros, su malestar por la falta de medios humanos y la categoría profesional que ocupan en el escalafón de la judicatura, el cuarto, cuando en el tercero figuran poblaciones con una litigiosidad infinitamente menor (Pontevedra, Albacete, San Cristobal de la Laguna, Hospitalet...). Y con procedimientos muy alejados de las macrocausas contra el narcotráfico que se instruyen en la comarca, cada uno de ellos con decenas de investigados. El año pasado por estas fechas hubo que suspender más de 300 juicios en Algeciras a causa de las bajas de dos jueces y de la falta de relevos para sustituirles, tanto por parte de compañeros de otros juzgados como de sustitutos enviados por el TSJA; ahora estamos a punto de repetir la situación por la baja de tres jueces que han marchado a destinos mejor remunerados y menor carga de trabajo. Si abordamos la realidad diaria de los juzgados mixtos de La Línea y San Roque, el panorama es para echarse a temblar.

No es de recibo. El Gobierno de España tiene la obligación de atender las demandas de los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar, sin dilación. No puede darles la espalda por más tiempo. La pauta a seguir es la misma que la prometida, aparentemente, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se beneficiarán de un estatus de singularidad de la comarca a fin de mejorar sus condiciones laborales y hacer más atractivo el destino. De lo contrario, la Justicia seguirá instalada en la paradoja de la injusticia para con los jueces y los fiscales.