Mañana se cumplen cuatro años de la muerte en La Línea del policía local Víctor Sánchez Sánchez cuando perseguía a una motocicleta cargada con cartones de tabaco ilegal. Al día siguiente se concentraron en la plaza de la Iglesia alrededor de 3.000 vecinos para expresar sus condolencias y demandar lo que ya era a todas luces una necesidad: más medios en materia de seguridad y más coordinación entre los diferentes cuerpos policiales para luchar contra las mafias del narcotráfico y el contrabando. Ambas lacras son globales porque tanto la droga como las cajetillas de tabaco viajan centenares, quizá miles de kilómetros, hasta llegar hasta su destino final. Los problemas que generan, en cambio, nos los quedamos en casa. Lo comprobamos a diario a poco que queramos abrir los ojos: episodios de violencia, marginalidad social, desempleo, fracaso escolar, adicciones... La respuesta que requiere toda esa problemática es también conocida, aunque su reiteración resulte cansina a estas alturas: inversión pública, pero no solo en seguridad, ámbito este último en el que se viene trabajando mucho y bien.

Las mejoras en materia educativa, en formación profesional y en infraestructuras del transporte, así como el apoyo a colectivos desfavorecidos y la aprobación de incentivos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros funcionarios públicos (jueces, fiscales, profesores, sanitarios...) forman parte de un abanico de demandas, ya perpetuas, que se vienen realizando a la Administración estatal y a la Junta de Andalucía. Todo ello podría agilizarse por medio de la aprobación de la singularidad especial para el Campo de Gibraltar, una figura reclamada por diversos colectivos e instituciones y cuya activación debería suponer un trampolín para salir de este callejón sin salida.

No se explica que PSOE y Unidas Podemos hayan rechazado dicho estatus especial -en el Senado, en febrero pasado, y en el Congreso, en mayo- sin presentar alternativas; o que PP y Ciudadanos no muevan ficha desde la Junta para crear un comisionado especial para el Campo de Gibraltar, tal y como lo propuso de forma reiterada Antonio Sanz, hoy viceconsejero de la Presidencia, cuando era delegado del Gobierno... de Rajoy. Además, faltan por aplicarse muchas de las medidas previstas en el Plan Integral anunciado en 2018 por el Ejecutivo de la nación y también la mayoría de las 69 propuestas aprobadas por la Junta para la comarca, en el contexto del Brexit, en septiembre de 2019.

Esta semana, el ministro Grande-Marlaska ha admitido por vez primera la posibilidad de que el Gobierno reconozca oficialmente y con efectos prácticos la singularidad del Campo de Gibraltar. Ha costado, pero es un paso para empezar a ser noticia por motivos más felices que los habituales.