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Sentencia, no: síntoma

La sentencia será discutible jurídicamente, pero lo que la antecede, rodea y sucede es un síntoma político

Como soy licenciado en Derecho no voy a comentar la sentencia técnicamente. Sé que no sé. Aunque la rebelión no podía ser ese disparate jurídico que ahora presumen los que están encantados con la rebaja de la sedición. Rebelión habían visto el juez Llarena, la fiscalía en pleno y la abogacía del Estado hasta que recibió órdenes tajantes de La Moncloa en sentido contrario.

Pero, además, como comentarista ordinario, veo en los aledaños de la sentencia los síntomas del sistema. Por ejemplo, ese afán del alto tribunal de juzgar intenciones en los encausados me resulta realmente extraño. Como si un juez dijese que un violador, en el fondo, no quería consumar nada, sino ver si así empezaban una nueva relación, y el juez considerase, encima, eximente o atenuante esa intención sobrevenida. Añadiendo que no veía al acusado de intentar violar con fuerzas suficientes para conseguirlo. Suena bastante infantil lo de juzgar según las intenciones y las fuerzas apreciadas a toro pasado. Las disquisiciones sobre la violencia instrumental intermitente, ¿no resultan demasiado alambicadas?

Hay otros síntomas aún más alarmantes. ¿Qué partidos nacionales mayoritarios tenemos que viendo venir el peligro no aclararon, como legisladores, el tipo penal, sino que embarraron el campo legal? ¿No es eso más preocupante aún?

Si alguien ha tratado de ser equidistante o apaciguar con esta sentencia, también es para echarse a temblar, porque llevamos 40 años viendo adonde nos conduce eso. Ayer, las declaraciones de los condenados eran inquietantes y los desórdenes públicos, lógica consecuencia de la debilidad. El pensador Carlos Marín-Blázquez nos ha recordado que "Richelieu pensaba que la falta de castigo era el peor de los crímenes contra el bien público. Pese a todo su poder, el Estado se desintegra si la facción que un determinado momento lo dirige actúa exclusivamente en razón de su propio interés".

A partir de mañana, cuando se calmen los desórdenes callejeros, la Generalidad de Cataluña, que ostenta la competencia penitenciaria, procederá a facilitar el tercer grado a los condenados. Otro síntoma. Y otro: que el fugado Puigdemont dé sus discursos desde un organismo público… ¡del Estado español!

Más allá del texto de la sentencia del Tribunal Supremo, además de los antecedentes de hecho y de los fundamentos de Derecho, quedan a la vista las consecuencias de hecho y los movedizos de Derecho.

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