Los incidentes que han tenido lugar estos días atrás en Guerguerat en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania han vuelto a proyectar en los medios de comunicación, aunque de forma muy breve, el conflicto del Sáhara occidental, normalmente olvidado por gran parte de la opinión pública.

Este territorio en la costa occidental atlántica del Sáhara fue un territorio colonial dependiente de España hasta 1975. El régimen de Franco, que se opuso a iniciar un proceso descolonizador a instancias de Naciones Unidas, llegó a considerar el territorio como una provincia. En esa fecha, tras un reparto ilegal con Marruecos y Mauritania, e incumpliendo los términos de un Dictamen de la Corte Internacional de Justicia, fue invadido mediante el uso de la fuerza por Marruecos que progresivamente ha ido consolidando su ocupación mediante la represión y la repoblación masiva con colonos procedentes de su territorio.

El conflicto militar finalizó en 1991. El Frente Polisario, legitimo representante del pueblo saharaui, ingenuamente confió en la comunidad internacional para la organización de un referéndum que expresara la voluntad del pueblo saharaui de acuerdo con el derecho de autodeterminación. No obstante, el referéndum nunca se ha celebrado por el rechazo y los impedimentos que ha ido poniendo Marruecos. En esta labor obstaculizadora Marruecos ha contado con el apoyo incondicional de Francia y de España y, por supuesto, con la inoperatividad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando afecta a los intereses de uno de los Estados permanentes con derecho de veto, en este caso, Francia.

La mayoría de analistas internacionales independientes coinciden en señalar que la crisis relativa al súbito incremento de los flujos de inmigrantes a Canarias de estas semanas está estrechamente relacionada con este conflicto y se trata de una maniobra estratégica de Marruecos para señalar contundentemente sus herramientas de presión hacia España, en particular, y hacia Europa.

Para España, Marruecos es y debe ser un aliado y un socio estratégico, pero ello no puede impedir la necesidad de apoyar el cumplimiento del derecho internacional en el caso del Sáhara Occidental. En este sentido, España tiene además de una responsabilidad histórica y moral, una responsabilidad también jurídica en relación con el territorio del Sáhara Occidental y de su pueblo. No deben seguir siendo rehenes de intereses ajenos, sacrificados sus derechos y expoliados sus recursos ante el silencio cómplice de la comunidad internacional.