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Esta semana el Consejo de Ministros aprobará el ingreso mínimo vital. Sabemos poco de esta ayuda y solo ha trascendido que su cuantía será de 462 euros por persona, con un máximo de 1.015 por unidad familiar. No estará vinculada a la búsqueda activa de empleo, aunque exigirá cotizaciones a la Seguridad Social en 2019, y para decidir su concesión la primera vivienda quedará exenta del cómputo de bienes y patrimonio.

España es uno de los países donde más ha aumentado la pobreza y la desigualdad en los últimos diez años. El VIII Informe Foessa elaborado por Cáritas describe que el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población (en Andalucía el 18,6%, casi millón y medio de personas). Para colmo, debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, el número total de parados se situó en marzo de 2020 en 3.548.312 personas (945.333 personas en Andalucía).

Es obvia su necesidad ante el incremento de personas en situación de vulnerabilidad, pero parece responder solo a aquellos que quedaron en paro este último año. Esta renta coexistirá con otra maraña de ayudas de organismos públicos y privados que condicionan y complican el acceso a un ingreso digno. El grueso de las autonomías dispone de rentas mínimas para las personas o bien en riesgo de exclusión social o bien bajo el umbral de la pobreza, pero en ninguna de ellas su escala es demasiado ambiciosa. De media, las rentas mínimas regionales cubren al 8% de personas pobres.

Pienso en tantos hogares y personas que están en la economía sumergida, marginados y fuera del sistema que no cumplen las condiciones establecidas en estas rentas mínimas. Para ellos, los menos favorecidos, la renta básica parece la única solución posible, simple e inmediata.

La renta básica es el derecho de todo ciudadano y residente acreditado a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por ello deba realizar contraprestación alguna. Sustituiría e integraría todo subsidio personal preexistente de menor cuantía de cualquier administración pública. Y no afectaría a las prestaciones en especie ligadas al Estado de Bienestar, educación y sanidad, ni siquiera a la red de asistencia social.

Desde hace años, cuando se vislumbraba como remedio ante la total automatización y robotización del mercado de trabajo, defiendo que es la solución para quien no tiene un mínimo vital. Además, la renta universal, individual e incondicional garantiza el derecho a decidir, es decir, la independencia personal, requisito indispensable de la dignidad y la ciudadanía.

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