La covid-19 ha hecho visibles las fracturas en el Estado del bienestar. En España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada cuatro está en riesgo de exclusión social.

Hay diversas formas de medir la pobreza. La más extendida es la tasa de pobreza relativa. Las personas están en riesgo de pobreza al vivir con unos ingresos inferiores al 60% de renta media.

En España supone tener una renta inferior a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños.

Ya entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. Al mismo tiempo, el Estado español prefirió recaudar un 5% menos de impuestos lo que supuso tener menos dinero para gastar en protección social.

Después de la recesión, la supuesta recuperación ha dejado a muchos atrás. Las políticas económicas han beneficiado a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han tenido que recurrir a unos servicios públicos fragmentados que sufrieron grandes recortes después de 2008. Mientras las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios.

Además, según la ONG Oxfam Intermón, durante la actual crisis las personas con menores ingresos perderán, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, arrastrando a más de 700.000 personas a la pobreza.

La pobreza es un síntoma de la enorme desigualdad de renta y riqueza que tiene este país. Los niveles de pobreza son fruto de las decisiones políticas y tienen responsables, millones de perjudicados y unos pocos, muy pocos, beneficiados.

Necesitamos la solidaridad para salir de la pandemia y de la profunda crisis económica que vive la población española. Y debemos exigir a los gobiernos que los compromisos sean realidades, y las promesas sean hechos.

Algunas soluciones pasan por dar más poder de negociación a los trabajadores, hacer más costosa la contratación temporal para reducir su uso, mejorar las prácticas de contratación de las administraciones públicas, reforzar la inspección laboral y reducir el impacto que la subcontratación y los falsos autónomos tienen en la reducción de costes salariales.

Por supuesto, la justicia fiscal es la clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social, una educación de calidad, una sanidad adecuada y los cuidados necesarios para tener una vida digna e independiente.