DEL pacto sobre financiación autonómica lo único que me parece bien es que se haya compensado a las autonomías que han visto aumentar su población –a más ciudadanos que atender, más coste de los servicios a prestarles– y que se haya reducido el margen de distancia entre las que más y las que menos fondos reciben.

El criterio demográfico, aunque se matice con otros, resulta el fundamental para que el sistema sea justo, y la aportación de los ricos a la solidaridad no debe superar el umbral a partir del cual se convierten en más pobres que los pobres a quienes ayudan. Estas dos premisas, que venía defendiendo la Generalitat de Cataluña, son razonables, se mire como se mire.

Todo lo demás rechina. Rechina que, aun habiendo hablado con todas las comunidades, el Gobierno de la nación haya centrado todos sus esfuerzos negociadores en el Govern tripartito catalán, aceptando como hecho consumado la relación bilateral España-Cataluña que es la médula ideológica del nacionalismo radical (colada de matute en ese Estatut que está en el origen de todo el follón de la financiación). Rechina aún más que la decisión final acerca de si el sistema propuesto seguía o no adelante haya recaído en Esquerra Republicana de Cataluña, ERC), cuyo presidente, Joan Puigcercós, salió de la reunión de la ejecutiva diciendo “hemos plantado cara al Estado y hemos ganado” y prometiendo a los suyos que el horizonte final continúa siendo “el concierto económico y la independencia”. Que un pequeño partido, que supone menos del 1% del conjunto del electorado y pelea por la independencia de Cataluña, imponga cómo ha de financiarse su comunidad y, de paso, todas las demás comunidades, no tiene ni medio pase. Lo que es bueno para Puigcercós no puede ser bueno para España. Si el domingo, cuando se cerró su pacto con Elena Salgado, él consideró que era “un día histórico para Cataluña”, hay que deducir que fue un día nefasto para España.

Y rechina tela del telón que Salgado le haya dado a cada comunidad las cifras del dinero que les toca con el nuevo sistema, pero advirtiendo que cuando cada consejero de Hacienda dé a conocer las suyas el Ministerio ni la confirmará ni la desmentirá. ¿A qué viene este oscurantismo? Parece buscarse que los gobiernos autonómicos vendan el acuerdo a sus respectivas clientelas como mejor les convenga y a que nadie eche cuentas del aumento del déficit público que va a suponer el fondo adicional de 11.000 millones de euros y que la propia Salgado espera reequilibrar gracias a que las autonomías disminuirán sus propios déficits (no se lo cree ni harta de vino).

En fin, Zapatero consiguió lo que quería: un sistema de financiación favorable a Cataluña y que no perjudica a Andalucía.

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