Están aquí. Dicen como Mas y Puigdemont "España nos roba". Como Thatcher en 1984, quieren su cheque. En días alternos son europeístas o nacionalistas. Dos buenos ministros de Agricultura andaluces han sufrido campañas de protesta similares abanderadas desde el Gobierno regional. El popular Arias Cañete fue acribillado por los peones de Susana Díaz por lo que el portavoz socialista de entonces calificó "un robo a mano armada" en el reparto nacional del anterior paquete agrario europeo 2014-2020. Y ahora, en perfecta imitación, la Junta en manos del PP acusa al socialista Luis Planas de alta traición por la distribución interna en España de los fondos de la PAC y el desarrollo rural 2021-2027. Con el mismo guion, se atacan las normas aprobadas en las instituciones europeas por populares, socialistas y liberales.

Desde hace un cuarto de siglo se sabe que Andalucía perdería paulatinamente subsidios, por el cambio de la filosofía agraria europea. Hasta ahora los dirigentes políticos regionales y de las organizaciones profesionales han demorado la convergencia. Alemania ya la ha hecho y a este ritmo España lo lograría en 2036. La nueva PAC se retrasa hasta 2023, porque no están los reglamentos. Y el Ministerio ha aprovechado el período transitorio para aproximar a los más y menos subvencionados. En esta porfía, Andalucía está sola frente a las demás autonomías: recibe 1.840 millones de euros al año, un 27% de los fondos agrícolas que llegan al país. Su media por hectárea supera con creces el promedio europeo, mientras que el resto de España está por debajo.

Igual que Díaz en 2016, Moreno ha encontrado un contencioso para sus peleas con el Gobierno central. Y la consejera Crespo, una oportunidad para su protagonismo. El ministro Planas, de visita esta semana en Granada, ha insistido en que sólo un 1% de los 227.000 perceptores andaluces de subvenciones perderá más de un 20% de su ayuda estos dos años. La consejera casi le da la razón: ha puesto ella misma ejemplos de recortes a agricultores que recibían ayudas de cinco a ocho veces mayores por hectárea que la media española.

El ruido contra el decreto de esta semana es una toma de posiciones para la negociación que viene. Inevitablemente se reducirán las regiones agronómicas españolas y se acortará la distancia entre los agricultores que más cobran por derechos históricos y los que menos reciben. La potente agricultura andaluza mantendrá importantes subsidios directos y puede conseguir compensaciones con otras ayudas, por ejemplo a la producción integrada a través de los ecoesquemas.

Las organizaciones agrarias están en su derecho de pedir lo mejor para sus representados. Pero los gobiernos deben decir la verdad a los ciudadanos y mantener aquí lo que deciden en Bruselas. No pasó con Díaz ni ocurre ahora con Moreno, jugando los dos al nacionalismo populista. Tal para cual.

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