En política mantenerse en un error evidente sólo da fuerzas a los contrarios. Que la Ley promovida por Montero haya generado monstruos tiene una respuesta: la enmienda ipsofacto. Ahora bien, eso no justifica llamar inútil en el Congreso a una ministra o la descalificación global de una ley que abunda un paso más en la dignificación de la situación de las mujeres (y otros colectivos), hace nada vilipendiendas en sentencias ¡siendo las víctimas denunciantes!

Cuando la doctrina Parot benefició y excarceló a más de medio centenar de terroristas, y asesinos violadores, no se insultó para el Diario de las Cortes, no se acusó de "liberar" a nadie o de efecto llamada para delinquir. Esta logorrea es neorreaccionaria y una parte del PP conscientemente se la apropia antes de que los ultramontanos la exploten. Peor, obliga a éstos a ser más violentos con el lenguaje.

La intención al unificar abuso y agresión priva de la posibilidad interpretativa a una judicatura que ha dejado una ristra de sentencias vergonzantes en las que se beneficiaba a los violadores y se volvía a agredir a las víctimas. El CGPJ hace bien en señalar que se podría haber unificado manteniendo la gradación; reconoce que la posición del Gobierno es parte de un debate internacional sobre qué es exactamente el consentimiento, no veleidosa, aunque muestre reticencias sobre la opción elegida; en el apdo. 241 y ss. sobre el cuadro penológico, perdonen mi ignorancia, se avisa: que en el marco nuevo la agresión rebaja su condena al tiempo que el abuso la incrementa, pero no veo más alerta sobre la revisión a la baja automática de las condenas. Cierto es que el 245 y la conclusión 84 nombran el asunto pero, por el contexto, la advertencia no pasa de señalar una consecuencia legal, sin más valoración.

Si se ha producido esta perversión legal la respuesta es asumir responsabilidades, sin más. Pero si una ley genera un conflicto sobre hechos ya juzgados, no un in dubio previo a la sentencia, no olvidemos que esa sentencia es un acto para dos partes: condenada y denunciante. Optar por el beneficio del criminal sentenciado es ahondar la lesión de la víctima reconocida, es aplicar una literalidad que acaba con la finalidad de la Justicia (summum ius) y nos hace preguntarnos por la capacidad y la intención reales de algunos jueces, aquí no hay nadie tonto. Nuestra prensa y nuestros políticos harían bien en abandonar la violencia (cual fuere) y volver al debate ordenado y a la Razón.