Renovar el Consejo General del Poder Judicial es un mandato de la Constitución. Hay que cumplirlo, sí o sí. O sea: hay que elegir nuevos miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces cuando los anteriores llevan casi cuatro años caducados y aunque el procedimiento de elección no acabe de ser satisfactorio. Y, también, aunque el Gobierno con el que se negocia negocie otras cosas con aliados inconvenientes.

Que ERC iba a dar luz verde a los Presupuestos del Estado para 2023 a cambio de que el Gobierno impulse la reforma del delito de sedición en el Código Penal lo sabían hasta los niños de pecho. El éxito del trueque exigía, como en años anteriores, que no lo pareciera. Rufián tenía que aparentar dureza, y el PSOE, negar la evidente vinculación entre los dos asuntos. "Son dos cosas antagónicas", dijo la ministra de Educación, Pilar Alegría, atentando contra la lengua española (querría decir independientes). A la hora de la verdad, los Presupuestos salieron adelante con dos o tres votos menos que el año anterior, y ERC dentro del bloque de investidura.

Pero es que ese escenario era aceptado por el Partido Popular. Tanto que el martes mismo la portavoz Cuca Gamarra insistía expresamente en que la negociación sobre el CGPJ y los avatares presupuestarios eran dos cuestiones distintas que discurrían por caminos separados. La locuaz ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rompió el pacto tácito de silencio al anunciar desde la tribuna del Congreso, sin venir a cuento, que el Gobierno rebajará la sanción penal a los sediciosos independentistas. ¿No habíamos quedado en que eran cuestiones independientes?

El lapsus de Montero lo cazó al vuelo Núñez Feijóo para romper el acuerdo prácticamente ultimado sobre el Poder Judicial. Sea por cobardía, como denuncian los socialistas, ante las presiones internas y externas contra un pacto que favorece la influencia del PSOE y Podemos en el gobierno de la administración de Justicia, sea por la imprudencia de confiar en la promesa de Sánchez de no reformar la sedición, el caso es que Feijóo ha exigido lo que sabe que el PSOE nunca le dará: la exclusiva de los acuerdos. Ahí es nada, pretender que si quiere negociar con el PP deje de negociar con sus socios y aliados. Maximalista e intransigente.

Por lo demás, la rebaja de la sedición es otra concesión inaceptable de Pedro Sánchez al secesionismo. Eso, mañana.