Con el viento a favor de las encuestas -salvo la consabida del CIS de Tezanos-, absorbiendo con naturalidad el espacio político de Ciudadanos y sorteando a duras penas los peligros de su relación con Vox, al Partido Popular de Pablo Casado le siguen acosando las sombras del pasado. De su pasado corrupto, para ser más exactos.

Ya no son elucubraciones, maniobras orquestadas desde el poder actual, ni siquiera imputaciones que abren una investigación. Lo que el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón ha dictado es un auto de procesamiento contra la cúpula política y policial de Interior (ministro, secretario de Estado, comisarios) del primer Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2015: el paso previo a su estancia en el banquillo de los acusados y, quizás, en la cárcel.

Todo por haberse conjurado para espiar e intentar robar a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, documentación demostrativa de la financiación ilegal del partido, los sobresueldos a sus altos cargos y los pagos de empresarios a cambio de contratos y concesiones facilitados por el Gobierno popular. Se hizo sin la autorización del juez que investigaba cómo se financió el PP en esos años recientes, usando fondos reservados del Ministerio -destinados por ley a combatir el crimen- y llegó hasta la compra del chófer de Bárcenas y la retención por un falso cura de su mujer (la de Bárcenas, no la del chófer).

Se puso, pues, la dirección de la Policía al servicio de los intereses espurios del partido que gobernaba entonces. El nivel de presunta culpabilidad lo ha elevado el juez hasta el ministro del Interior de la época, el pecador arrepentido Jorge Fernández Díaz (eso lo contó él hablando de su pasado), sin que haya encausamiento del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni de la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Se quedan libres de responsabilidad penal, aunque el sentido común incita a creer imposible que una operación de la importancia y envergadura de esta Kitchen fuera por completo desconocida para los jefes supremos de partido y gobierno. Como fue de sentido común en su día que la responsabilidad política de la guerra sucia contra ETA y la financiación del PSOE con Filesa no estuviera limitada a un par de policías de gatillo fácil y unos gerentes aficionados.

De aquellos polvos no se librará fácilmente Pablo Casado. Ni poniendo a la venta la sede de Génova ni jurando no hablar más, pero hablando, de la corrupción pasada.