El otoño no es estación para sobresaltos, pero en el de este año nos espera la celebración de unas elecciones generales, que son la repetición de las que tuvieron lugar en abril por causa de la fragmentación del voto a la que los partidos, sobre todo el vencedor de las elecciones, no supieron poner remedio. Pero antes de que haya que volver a las urnas se espera la sentencia del TS en el enjuiciamiento de las conductas de los políticos independentistas catalanes. Los bien informados creen que, como tarde, la sentencia se publicará el 14 de octubre y añaden que el lunes y el martes pasado, se reunió la Sala para las últimas precisiones a la sentencia del ponente y también para la búsqueda de la deseada unanimidad. Esto es importante, porque un solo voto particular de un magistrado abriría una peligrosa vía para que prosperare un recurso contra ella. Se da por descontado que los políticos independentistas van a agotar todos los recursos posibles e incluso los imposibles.

Por ese calendario quiero dedicar mi comentario a la sentencia del procés, aunque es sabido que los políticos catalanes independentistas consideran que la solución para Cataluña no se resuelve con sentencias, sino que hay que buscarla en el diálogo. Cada vez que lo oigo me pregunto y pregunto qué papel juega el diálogo cuando alguien exige -no es un ruego, es una exigencia- separar de España a una parte de la misma y convertirla en nación, infringiendo con ello la "indisoluble unidad" del art. 2 de la Constitución.

Volviendo a la sentencia, nadie duda de que será condenatoria, pero se especula en torno a tres cuestiones: una, si la sentencia será unánime o algún magistrado discrepará y formulará un voto particular; dos, el tipo de delito que se considerará cometido: rebelión o sedición; y tres, dando por supuesta la condena y que luego se dictará una medida de gracia, si esta será indulto o amnistía. En cuanto a lo primero, la tesis de la Fiscalía es que se ha cometido un delito contra el orden constitucional, mientras que para la Abogacía del Estado es un delito contra el orden público (recuérdese que el Gobierno tuvo que cambiar al abogado del Estado encargado de la causa, porque al que le correspondía llevar el tema era de la misma opinión que el fiscal). La situación la complica que existe poca jurisprudencia sobre estos casos porque los españoles parece que son poco proclives a cometer estos graves delitos y, en cuanto al perdón, este nunca podrá ser la amnistía (la goma de borrar) porque sería resolver que aquí no ha pasado nada.