Hay que echar algo atrás la memoria, a los tiempos en los que la política de vivienda ocupaba las primeras páginas de los programas electorales y las parejas buscaban adosados en las afueras. La desastrosa liberalización del suelo aprobada en 1998 por el Gobierno de Aznar -a más suelo urbanizable, precios más bajos: falso, porque se construía y compraba para especular- tuvo respuesta en normativas autonómicas para amortiguarla, como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), sus planes subregionales o la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA). Con ellas se trató de dar una respuesta a la colmatación del espacio, particularmente en zonas como la Costa del Sol, un fenómeno paralelo en tantas ocasiones a casos de corrupción. Desde la buena fe se optó por fijar reservas de suelo para las VPO y encorsetar la autonomía municipal a la hora de diseñar su urbanismo. El resultado fue bien distinto al pretendido, entre otras cosas porque la recesión iniciada en 2008 hundió el mercado inmobiliario y cerró el crédito durante varios años.

A empellones, la LOUA ha sido modificada desde 2002 en trece ocasiones de forma parcial para tratar de acomodarla a las circunstancias de cada momento, pero esta ley Frankenstein se antoja ya inservible. La prueba es que solo 182 de los 785 ayuntamientos andaluces tienen sus PGOU actualizados conforme a aquella, en tanto que el resto -como ocurre con La Línea de la Concepción- está a la espera de que el panorama se desenmarañe. El último Gobierno de Susana Díaz se quedó a medio camino en la tentativa de aprobar una nueva norma, un propósito que ha retomado como prioridad el de Juanma Moreno a través de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

Si algo cabe reprochar al proyecto presentado es, vistos los antecedentes, la discrecionalidad que se deja a los ayuntamientos para actuar a la hora de diseñar sus planeamientos y el peligro de que vuelva el descontrol del ladrillo. En el ámbito de la vivienda, se han recalificado suelos y se ha construido en la periferia de los municipios, ocupando más suelo y obligando a hacer nuevos viales y a extender los suministros de luz, agua y alcantarillado, pero apenas se ha actuado en materia de rehabilitación, especialmente en los centros urbamos. Estos se deterioran a pasos agigantados, haciendo que se pierda el tejido social y comercial. ¿Les suena el caso de Algeciras?

La tramitación de la Lista en el Parlamento se ha visto bloqueada en primera instancia por la izquierda y Vox, aunque el relevo en el liderazgo del PSOE-A puede cambiar las tornas. Por su condición de alcalde de Sevilla y de ex consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas es consciente de la necesidad de que la Lista salga adelante, seguramente mejorada a través de enmiendas. Un acuerdo PP-PSOE, con el concurso de Cs, tendría un doble efecto: de un lado, facilitaría un acercamiento prácticamente inédito en materia legislativa entre los dos principales partidos andaluces y, de otro, daría estabilidad a la norma, dando garantías a todos los operadores, tanto públicos como privados, de que los planes que proyectan o tienen en marcha no van a verse torpedeados por cambios legislativos derivados de un cambio en el color político de los gobiernos. Eso sería construir, en positivo.