El pasado jueves se aprobó la octava ley educativa de la democracia, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación). Dudo mucho que pueda resistir un cambio de color en el Ejecutivo (como tampoco hicieron las anteriores de UCD, PP y PSOE).

La Ley potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones, reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades, y quita al castellano la condición de lengua vehicular. También incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se concentra en la primera.

En España el debate no debería centrarse en la posibilidad de las familias de escoger centro educativo, sino en qué fórmula se debe usar para hacer compatible ese derecho con un reparto equitativo de los alumnos. Porque si poder elegir depende del dinero que tienes, no es libertad, sino privilegio. Los derechos deben ser los mismos para todos y no depender del dinero que tengas.

Pero la aprobación de esta Ley me sirve para ocuparme del colegio de mi barrio, el CEIP Campo de Gibraltar, en la Bajadilla. Un colegio en un entorno desfavorecido y donde están obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado.

Además, este colegio tiene unas instalaciones deterioradas, un patio que lleva diez años cerrado e inutilizado y un muro en peligro de desplomarse. Parte del alumnado pasa el recreo en uno de los pasillos de acceso al centro con un suelo empedrado que no reúne las mínimas garantías de seguridad. Y en el aula matinal hay una grieta que coge la pared entera.

Por eso, cuando la nueva Ley habla de escuelas sostenibles que promuevan "la cultura de la sostenibilidad ambiental", pienso en el Campo de Gibraltar, un colegio deteriorado en un barrio abandonado donde entre otras cosas sería imposible crear "caminos escolares seguros", porque muchos alumnos vienen en autobús desde otras barriadas de la ciudad.

Algo que le resultará positivo de la Ley será el refuerzo del Consejo Escolar, que perdió sus competencias con la ley Wert del PP limitándolo a funciones informativas. Ahora, podrá aprobar el proyecto educativo y la programación general del centro, además de participar en la selección del director. Otro lugar desde donde reivindicar un colegio con instalaciones dignas y seguras y una enseñanza pública y de calidad.

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