LA sentencia de un tribunal federal de Nueva York contra el financiero Bernard Madoff, que estafó durante más de veinte años a miles de inversores por un importe calculado en unos 50.000 millones de dólares, resulta ejemplarizante. Madoff llevó al paroxismo el viejo timo piramidal: prometía a los ahorradores que le confiaban su dinero intereses muy por encima de los habituales en el mercado, pero los iba pagando con los fondos procedentes de nuevos inversores incautos. Así pudo apropiarse del dinero ajeno... Hasta que a algunos les dio por recuperar lo invertido, siguieron otros muchos y la pirámide se vino abajo. La ejemplaridad del caso viene, por un lado, de la celeridad con que la Justicia norteamericana ha concluido la persecución y castigo del delito: Madoff fue detenido en diciembre, declarado culpable en marzo y sentenciado esta semana. Esta rapidez, no reñida con el rigor de la instrucción, es lo que tantas veces echamos en falta en España, donde los procesos se eternizan. Por otra parte, a pesar de suplicar perdón a sus víctimas y de la petición de doce años de cárcel formulada por su defensor, el juez le ha condenado a 150 años de prisión -lo que asegura que morirá entre rejas- argumentando precisamente la necesidad de cortar de raíz estos comportamientos. Aunque estas conductas de ingeniería financiera criminal nunca ha tenido en España una dimensión tan gigantesca, es evidente que los supervisores deben extremar la vigilancia para impedir que puedan producirse escándalos en un sistema financiero que, como el español, goza de buena salud pese a las turbulencias internacionales que tienen aquí su inevitable reflejo. El caso Madoff tuvo, de hecho, una importante ramificación en nuestro país. El Banco Santander se vio inmerso en el escándalo al invertir, a través de Optimal Strategic, fondos de sus clientes por 2.330 millones de euros (unos 3.000 millones de dólares) ligados a productos vinculados a la gestora de Madoff. Sólo un caro acuerdo con el administrador judicial que le costó 168 millones y la habilitación de un multimillonario fondo compensatorio para resarcir a los perjudicados evitó que sobre la primera entidad financiera española llovieran demandas por su implicación en la estafa más grande de las últimas décadas. Lecciones que no se deberían olvidar.

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