Bien entrada la noche del pasado jueves, el Ayuntamiento de Algeciras hizo público un comunicado de prensa en el que anunciaba la dimisión de Laura Ruiz como concejal. Habían pasado varias horas desde que se conoció la sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Algeciras contra la edil, condenada a 21 meses de cárcel, a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo por el mismo periodo y al pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al abogado de su ex pareja, además de a la mitad de las costas procesales. El citado letrado, según consta en los hechos probados, fue durante varios meses víctima de acoso continuado como consecuencia de un anuncio por palabras insertado por Ruiz en una web, ofreciendo a hombres servicios gratuitos de índole sexual y en el que puso el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de aquel. La sentencia asume por completo el relato de la Fiscalía, a partir de la investigación realizada por la Policía Nacional, y coincide en la calificación penal formulada por el ministerio público y la acusación particular: la concejal cometió delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones.

Ruiz ha anunciado su dimisión (lo cierto es que, al día siguiente del citado comunicado asistió como edil ejerciente a la Comisión de Urbanismo) pero la gravedad de la condena hace que su decisión sea inevitable y también tardía. Debió dejar la vida pública hace tiempo, como poco, desde que la juez instructora dictó el auto de apertura de juicio oral, en febrero de este año. Con su adiós no habría puesto en duda su inocencia, sino asumido preventivamente su responsabilidad, se habría quitado el foco de encima y salvaguardado el nombre de Algeciras, que se ha visto gratuitamente dañado a nivel público al continuar como delegada municipal durante todo este tiempo. El juicio a Laura Ruiz no se ceñía a un asunto particular y la prueba es que la comisión simultánea de tres delitos como los recogidos en el fallo conlleva que quede inhabilitada para formar parte de una lista electoral durante 21 meses.

En su comparecencia del viernes, apoyada por el alcalde y varios concejales en la sede local del PP, Ruiz proclamó su inocencia y anunció que recurrirá ante la Audiencia. Algún día se sabrá "mi verdad", llegó a decir, pero por mucho empeño que ponga no puede cuestionar sin argumentos la decisión de la Justicia ni negar, tal y como recoge la sentencia, que frente a la diversidad de pruebas en su contra, su defensa no presentó ninguna que pudiera demostrar su inocencia.

Lo acaecido es en gran parte fruto de la (mala) política, que antepone el adjetivo al sustantivo, que prioriza el interés privado frente al público, que ha construido y hasta legitimado el discurso simplista del unos contra otros frente al consenso basado en la tesis, la antítesis y la síntesis final. En este paradigma partidista generalizado, se racionalizan los instintos y se difuminan las líneas rojas de los códigos éticos, de tal forma que la única verdad es que todos los demás, salvo mi grupo de fieles, están errados o tienen intenciones aviesas. Cuanto antes se consume el relevo con la toma de posesión de un nuevo concejal y se redefinan las áreas del gobierno municipal, mejor.