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Al sur del sur

Javier Chaparro

jchaparro@grupojoly.com

Una Justicia lenta e injusta

No podemos permitirnos que unos cuantos, por desidia o incapacidad, echen por tierra el trabajo de tantos

Hace más o menos un año, el decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz, y el fiscal jefe del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, concedían a esta redacción sendas entrevistas en las que llegaban a dos comunes denominadores: la urgente necesidad de mejorar los medios humanos y materiales con los que contaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para combatir a las mafias del narco, cada vez más violentas y peligrosas, y de mejorar en paralelo y con el mismo fin los recursos de la Administración de Justicia.

Meses más tarde, la llegada del ministro Grande-Marlaska al departamento de Interior supuso un salto de calidad que ya se había empezado a dar al final del mandato de Zoido, cubriéndose en la comarca al cien por cien las plantillas de los cuerpos de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Aunque no le ha ido tan bien a la judicatura: de las cinco plazas de nuevos jueces aprobadas, solo está en expectativa de cubrirse la plaza en la sección de la Audiencia, pero nada se sabe sobre los cuatro jueces de instrucción y primera instancia aprobados. Por increíble que pueda sonar, la Junta de Andalucía, perdida en este tránsito de un gobierno que sale y otro que entra, no tiene habilitadas aún las sedes de esos juzgados ni tiene pensado hacerlo a corto plazo. Y sin silla, dice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no hay juez.

Las consecuencias de todo lo narrado son que, siendo rara la semana en la que no se tiene noticia de una redada masiva con decenas de detenidos, los juzgados siguen tiesos, con los mismos medios. Y el trabajo se acumula sin poder dar abasto. Ruiz ha denunciado ahora que dentro de dos años habrá detenidos por narcotráfico que dejen de estar en prisión preventiva y salgan libres de la cárcel sin que haya sido posible culminar la instrucción de las diligencias de su caso. No pasará una vez, sino decenas de veces.

No es raro tampoco que los juzgados de lo Social de la comarca dicten sentencia dos años después de un despido, que los de familia tengan una demora superior al 200% o que la carga de trabajo en primera instancia sea de 2.000 casos al año por juzgado, pese a que la cifra recomendada por el CGPJ es de 800.

Cuando el sistema judicial se muestra lento y perezoso, se vuelve injusto en sí mismo. Se deben procurar, por un lado, las garantías procesales de los investigados mediante procesos ágiles y justos, y, de otro, el derecho de reparación de las posibles víctimas, ya que difícilmente podrán cerrar el capítulo por el daño sufrido hasta que su herida no se cierre tras una sentencia, hasta cicatrizar. Y mucho menos podemos permitirnos como sociedad que unos cuantos, por desidia e incapacidad, echen por tierra el trabajo de tantos otros.

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