El sábado pasado se aprobó por parte de los ministros de economía del G7 uno de los pactos más relevantes en las relaciones internacionales del último decenio. Se trata de un principio de acuerdo sobre un tipo mínimo global para el impuesto de sociedades. No es una mera cuestión técnica tributaria sino una decisión con un enorme alcance con importantes impactos en la gobernanza mundial y que nos afecta a los ciudadanos directamente. Como es bien conocido, la actual carencia de un marco normativo internacional en materia de fiscalidad permite un sistema competitivo a la baja en el que las grandes corporaciones mundiales que obtienen grandes beneficios apenas pagan impuestos mediante ejercicios de ingeniería fiscal y acuerdos fiscales a la carta (tax rulings) en países o territorios de baja tributación. Además, esta reducida carga fiscal no recae en los países donde obtienen los ingresos, sino en los países de baja tributación (En Europa, léase Irlanda, Liechtenstein o Países Bajos). Por otra parte, la existencia de paraísos fiscales se superpone a la situación mencionada como problemática adicional y supone una profunda distorsión de los sistemas tributarios constituyendo una flagrante injusticia.

El acuerdo del G7, impulsado fundamentalmente por el presidente Biden, pretende crear unas reglas de juego ordenadas y equilibradas que contribuyan a garantizar unos criterios de ingresos tributarios justos. Esto es especialmente importante en cuanto que la crisis de la pandemia de covid ha puesto de manifiesto la necesidad de sólidos sistemas públicos (de salud, de investigación, educación, etc.) fuertes y bien dotados de recursos. De salir adelante el acuerdo, según estimaciones del Tax Observatory UE, el impacto recaudatorio para España sería de unos 700 millones de euros anuales adicionales.

No obstante, el desarrollo efectivo de este acuerdo no va a ser nada fácil. Las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, no van a aceptar tan fácilmente pagar más impuestos y los países y territorios con baja tributación no van a ceder fácilmente a sus privilegios generados por una competencia desleal. De hecho, vemos como incluso dentro de España la solidaridad fiscal es muy difícil de alcanzar entre las comunidades autónomas en cuanto que es fácil competir con mecanismos de fiscalidad a la baja. En consecuencia, la tarea pendiente para llevar a cabo este acuerdo del G7 es hercúlea y surgirán infinitas trabas e inconvenientes. Lo cierto es que el acuerdo es necesario. Una justicia fiscal global es indispensable para el funcionamiento de sistemas públicos eficaces y equitativos para hacer frente a las necesidades y desafíos de un mundo cada vez más complejo.