Al sur del sur

Javier Chaparro

jchaparro@grupojoly.com

Isabel Rodríguez

Hicieron bien los alcaldes en pedir al ministro más medios en materia social, aunque la exigencia es extensible a la Junta de Andalucía

El merecido homenaje rendido a Isabel Rodríguez el pasado jueves en La Línea saldó una pequeña parte de la deuda que el Campo de Gibraltar mantiene con todos aquellos que han dedicado o siguen dedicando su vida a la defensa de las víctimas de la droga. La presencia del ministro Grande-Marlaska fue un gran gesto por su parte, reflejo de la dimensión de la tarea desarrollada por aquellas madres contra la droga de la comarca, cuando décadas atrás salieron a las calles con sus pañuelos verdes al cuello para denunciar que la heroína estaba aniquilando a buena parte de una generación de chavales.

Hace casi dos años que, de la mano precisamente de Grande-Marlaska, se activó el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, dando así continuidad a algunas de las medidas puestas en marcha en los meses anteriores por su antecesor -otro juez en excedencia, Juan Ignacio Zoido- y ampliando de forma notable los recursos a disposición de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Los resultados saltan a la vista y esta semana hemos vuelto a tener varios ejemplos de acciones exitosas por parte de ambos cuerpos, sin olvidar a los integrantes de Vigilancia Aduanera, dependientes de Hacienda.

La prórroga de dicho plan hasta finales de 2021 es una gran noticia porque confirma que el Gobierno es plenamente consciente de que la droga no es un asunto exclusivo de la comarca, sino un problema de Estado del que los campogibraltareños somos los primeros damnificados. ¿Suficiente? En absoluto. De poco sirve que descubramos placas en recuerdo de aquellos cuyas familias sufrieron las consecuencias de la droga y se dejaron la piel para combatirlas, tal cual hizo Isabel Rodríguez, si tiramos por la borda sus anhelos.

Es preciso insistir una vez más en la necesidad de redoblar los recursos en materia social para combatir la marginación en todos sus frentes, empezando por el educativo y siguiendo por el de los servicios asistenciales de atención a los drogodependientes y a la prevención. Las ONG dedicadas a estas tareas vienen denunciando desde hace años los recortes que sufren.

Otro tanto cabe decir de la Justicia, la hermana pobre de las administraciones públicas: la sobrecarga de trabajo de los jueces y fiscales es de sobra conocida, pero la apertura de nuevos juzgados y los refuerzos llegan a cuentagotas. Se desarticulan las bandas y hay decenas de detenciones, pero a muchos de estos delincuentes aún les sale rentable delinquir dada la lentitud en resolverse los procedimientos y las bajas condenas establecidas para los delitos por narcotráfico, desde que en 2010 alguien tuvo la ingeniosa idea de reducirlas en el Código Penal para minorar la saturación de las cárceles.

Por todo ello, hicieron bien los alcaldes de la comarca en pedir al ministro más medios en el ámbito social durante la reunión que mantuvieron, aunque la exigencia debe hacerse extensible a la Junta de Andalucía al tener las competencias en la materia. Poco o nada significativo ha hecho la administración autonómica en los últimos años para atender las necesidades del Campo de Gibraltar. A la vuelta de las vacaciones se comenzará a hablar y a debatir en serio sobre la elaboración de los presupuestos estatales y de los de Andalucía, claves para la activación de políticas concretas. Nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro.

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