Llevamos un año largo de pandemia mordiéndonos la lengua. Por solidaridad con la gente que ha tenido que tomar decisiones importantes sin tener referencias previas de otro desastre de este estilo; por respeto a los familiares de, a lo peor, las 90.000 víctimas mortales de la Covid-19 en nuestro país; por empatía hacia todos lo que han hecho su trabajo de la manera más digna, más responsable y más solidaria posible.

Anduvimos callados cuando se tomaron decisiones tardías, porque a ver quién era el guapo que decretaba estados de alarma y cierres de actividades ante la irresponsabilidad que prima en el Parlamento. En silencio, cuando el señor Simón dijo (31-I-2020) que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" de Covid-19; se le veía buena intención, al hombre.

Ni una palabra cuando los jefes de tribus autonómicas clamaban por su derecho a decidir sobre qué hacer ante la pandemia en las terribles fechas de hace un año, pasando a exigir a Illa y sus chicos que decidieran por ellos cuando Madrid les pasó la pelota. Así seguimos, más o menos.

Callados como muertos cuando un pamplinas con galones de la Junta dijo en marzo de 2020 que habría Semana Santa, cuando la Sra. Celaá soltaba su chorrada diaria en la planificación del curso que ahora acaba o cuando la Sra. Ayuso jugaba a contradecir al de la nación en todo lo que dijese, tuviese o no sentido. Aun encabezando el ranking de contagios, de ocupación de camas UCI por enfermos Covid-19, el porcentaje de ancianos fallecidos en las residencias de su comunidad y el nivel de desesperación del personal de un sistema sanitario público maltratado por la gestión de los gobiernos de su partido.

Pero ya no puede ser con lo de largarles el muerto a los miles de ciudadanos, a quienes se les endosó una primera dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca COVID-19 (AZD1222), para que elijan marca o confirmen o renuncien o lo que sea que se les haya de administrar como segundo pinchazo.

¿Pero de qué van sus señorías? Ahora se blanquean implicando al Comité de Bioética de España para que emita un informe al respecto, cuando la decisión de las autoridades sanitarias ya estaba tomada y difundida. Apoyándose el Ministerio en unos expertos que contradicen las pautas de dosificación del fabricante de la vacuna y la opinión de otros expertos del mismo prestigio.

El Contrato social de Rousseau (1762) establece una de las bases del pacto democrático por el que la ciudadanía cede derechos al Estado para que los ejerza en su nombre. Hacemos cesión de parte de nuestra libertad, concurrimos a las elecciones y pagamos los impuestos para que el Estado, a través del Gobierno de la nación, tome las decisiones que le corresponden. Como esta. Dejen de confundir y hagan su trabajo.