En su gira exculpatoria por los medios de comunicación, el fiscal Manuel Moix ha ido contando que la UCO, la unidad de la Guardia Civil, se excede en sus investigaciones porque hace apreciaciones jurídicas que no le compete. Es más, Moix ha llegado a decir que, a veces, parece que quien imputa es la Policía, cuando el señalamiento de esta condición corresponde al juez. ¿En qué país ha vivido este fiscal? Cuando en Andalucía se imputaba mediante riego por aspersión, nunca oí tal reflexión a nadie de los juzgados ni de la Fiscalía Anticorrupción ni de la Policía; es más, no es que pareciese, es que en las notas informativas de algunos cuerpos de seguridad se sostenía que fulanito o menganito habían sido imputados por sus agentes. Se queja de que la UCO haya caído en el defecto de las "investigaciones prospectivas" en Madrid, que es echar la red para ver qué cae. ¿Dónde vivía Moix cuando, por ejemplo, en el caso Aznalcóllar se pidió el volcado de miles de correos electrónicos? El Gobierno del PP y sus fiscales han caído en la trampa que ellos mismos tendieron a otros. Hoy recuerdo Antonio Ávila, consejero de Economía y de Presidencia, tipo tan honesto como serio: dos veces imputado, por los ERE y por el SAE, y dos veces desimputado, pero con su carrera política cercenada. Y el PP quiso imputarle una tercera causa, por los cursos de formación. Por aspersión.

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