El caso de los estudiantes confinados en un hotel de Palma es tan complejo que no es fácil saber lo que ha ocurrido. Por lo que he leído, la Consejería de Sanidad de Baleares, siguiendo el protocolo habitual de lucha contra el Covid, ordenó el confinamiento de todos los estudiantes que habían estado en contacto con compañeros contagiados durante un macroconcierto (de reguetón, por más señas, esa música contra la cual no se ha inventado todavía una vacuna). De momento hay unos 250 estudiantes recluidos en un hotel, donde tendrán que pasar la cuarentena reglamentaria. Hasta aquí, todo en orden. Pero el problema empieza cuando nos preguntamos si una Consejería de Sanidad puede imponer un confinamiento forzoso si no existe una legislación especial -el estado de alarma- que permita esa vulneración de derechos fundamentales. Por supuesto que los estudiantes se han comportado con singular irresponsabilidad -eso no lo duda nadie-, pero no han incumplido ninguna norma. El concierto al que acudieron era legal.

El caso es peliagudo, y más aún si pensamos en el caos administrativo que hemos vivido desde que se inició la epidemia. El estado de alarma se levantó el 9 de mayo pasado. Desde entonces, ¿quién puede decidir el confinamiento de doscientas personas? ¿Un juez? ¿Una Consejería de Sanidad? ¿Un protocolo de salud? Por lo que se ve, nadie lo sabe. Convendría recordar que estamos hablando de un derecho fundamental -la libre circulación- que está siendo conculcado por una simple decisión administrativa de una Consejería. Insisto en que hay motivos sanitarios para imponer el confinamiento -por muy doloroso que resulte-, pero el problema es saber si se están vulnerando derechos fundamentales.

El poder -cualquier poder, de derechas o de izquierdas, empresarial o de un grupo de presión- actúa como una masa que tiende a expandirse si no tiene ninguna fuerza contraria que se lo impida. Y desde que se inició la pandemia, el poder político ha encontrado una excusa fantástica para imponer medidas de sujeción y de control a los ciudadanos que rozan lo arbitrario y que pueden ser muy peligrosas en el futuro. Hemos aceptado, por el bien de nuestra salud, renunciar a muchas libertades básicas. Y si no espabilamos, nos va a costar mucho recuperarlas. El poder, desde luego, no está interesado en devolvérnoslas.