Volvimos a despertar con el #MeToo de la alfombra roja, después llegó el tsunami del 8-M español y hoy celebraremos el primer 1 de Mayo feminista de nuestra historia desconcertados aún por la polémica sentencia de la Manada.

Las razones de la indignación son muy simples: una chica es acorralada en el rellano de un portal y penetrada hasta nueves veces por cinco tipos y no es violación. Estaba borracha, medio inconsciente y no se resistió; no se jugó la vida ni hizo de heroína. El corto que ha analizado la Audiencia de Navarra muestra un ambiente de "jolgorio" y "regocijo", imágenes de sexo frío y explícito en las que "no tiene cabida la afectividad". Hay "prevalimiento", superioridad e intimidación, pero no agresión.

Sin el voto particular del juez Ricardo González, el magistrado que ha llegado a defender la absolución de los cinco jóvenes sevillanos y que ni siquiera considera que haya habido "abuso sexual", no estaríamos hablando ahora de cambiar el Código Penal para revisar, actualizar y dar un mínimo de coherencia a la tipificación de los delitos sexuales, no estaríamos reclamando formación especializada para jueces y fiscales en la lucha contra el machismo y no estaríamos pidiendo explicaciones al Gobierno por los 200 millones comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El problema son las leyes -más de treinta veces se ha modificado el Código Penal de 1995 y seguimos encontrando aberrantes zonas grises- pero más aún su interpretación. El problema son las palabras -es muy distinto hablar de 9 años de cárcel por "abusos" que por "violación"- pero sólo en la medida en que hacen saltar las alarmas sobre los prejuicios y las injusticias que hay detrás.

Si el señor juez del voto particularno hubiera criminalizado a la víctima, humillándola como un simple objeto de usar y tirar y hasta convirtiéndola en cómplice de los agresores, hoy no estaríamos debatiendo sobre la crisis de la Justicia. Si el señor juez del voto particularno nos hubiera dado a todos una lección de machismo y bajeza moral, no estaríamos preguntándonos hasta qué punto la opinión pública ha de actuar de motor para propiciar un cambio en las leyes, en quienes las hacen y en quienes las administran. No se trata de usurpar el papel de los jueces; se trata de resquebrajar su torre de marfil. Ni siquiera es necesario buscar fantasmas -como ha hecho el ministro Catalá- para justificar lo injustificable. Nos guste o no, elseñor juez del voto particular no es ninguna excepción en este país. No es una cuestión de togas, de sexo y ni siquiera de edad. Gracias, por tanto, señor juez por su bofetada de realidad.