LAS elecciones generales que se celebran en nuestro país el 20 de noviembre y las que posteriormente se han convocado el 8 de diciembre en la vecina Gibraltar van a traer consigo consecuencias para la pervivencia o no del Foro de Diálogo. Esta nueva fórmula por la que se articula un escenario distinto de convivencia ha alcanzado avances de mucha relevancia para Gibraltar pero también para España. En contra del punto de vista de que el Foro sólo ha servido para los intereses gibraltareños, hay que reconocer que los hechos demuestran que no es así. Probablemente este marco negociador, ahora paralizado por la cercanía de los comicios pero también por las dificultades para llegar a otros acuerdos como los alumbrados en Córdoba, haya supuesto el periodo de mayor avance en el entendimiento entre ambos lados de la Verja jamás conocido desde la puesta de largo del contencioso.

No resulta convincente que no se admita que miles de pensionistas españoles se hayan visto beneficiados con la revalorización de las pensiones en Gibraltar, que el acuerdo del aeropuerto no vaya a suponer ingresos y actividad económica para La Línea o que la mayor fluidez en el paso fronterizo ayude a los miles de compatriotas que diariamente viajan al otro lado para ganarse la vida o que sea contrario a los intereses españoles el disponer de una sede del instituto Cervantes en suelo gibraltareño. No lo parece, sinceramente.

El posicionamiento del PP de restarle voz y voto al pueblo de Gibraltar y a sus representantes es en su génesis una falacia y un posicionamiento que la historia demuestra no conduce a ninguna parte. La decisión del futuro gobierno de Rajoy, si es que así lo desean los españoles en las urnas, de reactivar el Proceso de Bruselas queda muy bonito para la galería pero poco práctico en la realidad. Las autoridades británicas no se han cansado de decir lo mismo desde siempre: cualquier acuerdo sobre la soberanía del Peñón debe pasar por el consentimiento gibraltareño. Lo siguiente no hace falta que lo repita, aunque debe quedar muy claro que España no podrá, por lo tanto, quitarle la capacidad de decidir sobre su futuro a los gibraltareños.

¿Cuál debe ser por lo tanto la respuesta de las autoridades españolas? Ha habido muchas reacciones y no serán pocos los que, como en otros tiempos, clamen a favor de la represión, que si bien es verdad se hace impensable en los tiempos que corren, sí que se puede gestionar desde la sutileza del pobre de espíritu que llama a la fuerza, aunque no tenga ninguna.

Gran Bretaña jamás se ha ido de ningún país de su vasto imperio a la fuerza, siempre ha sido porque así se lo pidieron los nativos. Me temo que en el caso de Gibraltar ocurrirá un tanto de lo mismo. El PP haría bien en asumir que debemos avanzar desde otros flancos, no quebrar ni improvisar sobre nuestra política exterior con respecto a Gibraltar y si se quiere, porque se lo pide el cuerpo, que se reúna nuestro ministro de Exteriores cada seis meses o así con su homólogo británico, una vez aquí y otra allá, tomen té o café, y que luego se sumen a la cantinela patriótica que, algunos, por lo que se ve, no tenían olvidada.