En España la historia, por lo menos la historia más reciente, no es cuestión de historiadores. Es cuestión de políticos, a los que les encanta manipularla para tirarla a la cabeza del contrario. Muchas veces tiende uno a pensar que también lo es de psicólogos. De nuevo tenemos a los fantasmas sueltos a cuenta de una ley de memoria que, como la anterior, respeta poco la memoria e intentan forzar una revisión ideológica de los hechos que sucedieron durante el convulso y desastroso siglo XX español. Si en vez de empeñarnos en debates políticos que solo logran desatar pasiones que deberían estar enterradas hace décadas, estuviésemos en un análisis riguroso de la historia no costaría mucho trabajo establecer una serie de consensos que harían inútiles las leyes de ajustes de cuenta con el pasado y servirían para educar a las nuevas generaciones en el conocimiento del pasado de su país. Porque el pasado, y esa es la grandeza de la Historia, sirve sobre todo para que comprendamos el presente.

La primera premisa que habría que establecer es que el 18 de julio 1936 se produjo un golpe de Estado promovido por un grupo de generales contra un Gobierno y un régimen legítimos con el fin de subvertir los principios democráticos bajo los que funcionaba España. El golpe estaba inspirado por una clase alta nostálgica de la monarquía alfonsina que veían en peligro sus privilegios y financiado por banqueros y grandes fortunas. El fracaso del golpe dio lugar a una guerra civil cruentísima de tres años en la que se desató una ola de represión y locura que estremece recordar y a una dictadura de casi cuarenta años en la que los españoles carecieron de los más elementales derechos políticos.

Habría una segunda cuestión sobre la que cabe poca discusión desde un punto de vista académico. Cuando se produjeron los hechos de julio de 1936 la República era un régimen en vías de fracaso que no había logrado resolver desde una perspectiva progresista ninguno de las grandes cuestiones que se había propuesto abordar: la cuestión militar, el papel de la Iglesia, la lucha de clases y el reparto de la tierra y las tensiones nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Tras las elecciones de febrero de ese año se entró en una espiral de desestabilización social tremendamente inflamable.

Sobre esos acuerdos, con las matizaciones que se quiera, se podrían construir una historia común y enterrar para siempre los fantasmas del enfrentamiento civil.