BERNARD Madoff era el paradigma del campeón de la economía especulativa. Tiene un récord del mundo: estafó 35.500 millones de euros (6 billones de pesetas) a cientos de ricos como él y a miles de pequeños ahorradores, que habían invertido los ahorros de toda su vida en sus fondos, para pasar una vejez tranquila y feliz. Esto no ha ocurrido en Marte, sino aquí al lado; el Banco Santander colocó 2.300 millones en activos de Madoff, así que seguro que usted conoce a alguien que ha quedado atrapado en la pirámide que había montado este sujeto.

El Santander ofreció una compensación a sus clientes. Madoff, por el contrario, no pudo. No tenía con qué, sólo disponía de su lujoso ático de siete millones en Manhattan, la casita de 11 millones en Florida y un apeadero de tres millones a las afueras de Nueva York. Pura calderilla, si se compara con la magnitud de la estafa. Un juez le ha condenado a una pena ejemplar y simbólica, un escarmiento planetario, como lo definiría Leire Pajín: 150 años de cárcel por fraude bursátil, postal y electrónico, blanqueo de dinero, perjurio, fraude en el asesoramiento de inversiones, declaraciones falsas, apropiación indebida y engaño al supervisor bursátil.

Aquí en España hemos tenido nuestros Madoff particulares. Unos han mordido el polvo y otros se han ido de rositas. Mario Conde tenía un agujero en Banesto de unos 600.000 millones de pesetas, cuando fue intervenido en 1993. Era la décima parte del agujero de Madoff, y la condena respetó la escala: 14 años de cárcel. En el lado contrario se sitúa Jesús Gil, cuya gestión corrupta en Marbella dejó cientos de millones de euros de deuda a la ciudad y 30.000 viviendas ilegales. El Ayuntamiento está devolviendo el dinero como puede, pero no quiere tirar edificio alguno. La muerte de Gil dejó sus responsabilidades penales en suspenso, y sobre las garantías civiles que debía afrontar su patrimonio, nunca más se supo.

Estos episodios nacionales no ocurren impunemente. El Banco Mundial acaba de publicar su informe anual con indicadores de buen gobierno y lucha contra la corrupción en 212 países. España saca mala nota: se coloca en el puesto 41. Se analizan seis conceptos cuya media sitúa a nuestro país a la cola de la Unión Europea, sólo superado por Grecia, Italia y Chipre. En participación y libertad ciudadana estamos peor que hace 10 años. En estabilidad política y ausencia del terrorismo no hemos parado de bajar desde el 2000. En efectividad de la burocracia administrativa éramos uno de los 20 mejores en 1998 y ahora estamos en el montón: Dinamarca triplica la nota de España. En calidad de impulso al sector privado y en aplicación del derecho superamos el índice de los últimos años, pero lejos del nivel de hace una década. Y nuestro control de la corrupción no es un dechado: es la mitad de eficiente que el de Dinamarca. Falta de práctica.