Más bien desesperado ante su inminente tercer fracaso electoral consecutivo (tras Galicia y Euskadi, Cataluña) y su menguante implantación territorial, Pablo Iglesias ha dado en acentuar sus mensajes populistas, disparar contra todo ministro socialista que se mueva en dirección distinta a la suya y cuestionar la democracia española con los mismos argumentos que Puigdemont o Putin, esos dos demócratas sin mácula.

¿El vicepresidente de un Gobierno democráticamente elegido que duda de la democracia que le permite serlo? Quizás debería dimitir de inmediato para no ser cómplice y beneficiario de tal ilegitimidad de origen. No caerá esa breva, de modo que habrá que refutar brevemente sus argumentos (o manipulaciones).

La prueba de la anormalidad democrática de España, dice el viceprimer ministro de España, es que de los dos líderes independentistas de Cataluña, uno está en la cárcel y otro en el exilio. Pero eso prueba justamente lo contrario: todos los partidos independentistas, que son ya unos cuantos, concurren a las elecciones catalanas, sus candidatos intervienen en los debates, sus listas han sido elaboradas libremente y hacen campaña sin cortapisas.

La democracia ha sido incluso generosa con los dos personajes aludidos por Iglesias. A uno, Oriol Junqueras, lo ha dejado salir de la cárcel en la que cumple condena por un delito muy grave contra la Constitución y va haciendo campaña tan campante. A otro, Carles Puigdemont, le permite ir en la lista de su partido pese a ser un prófugo de la Justicia, aparte de un cobarde.

El meollo de la cuestión es que ni Puigdemont ni Junqueras son preso y exiliado, respectivamente, por ser separatistas y defender la división de España. Si fuera ese el motivo, los cuatro o cinco candidatos secesionistas que mañana miden sus fuerzas en las urnas estarían igualmente presos o exiliados, no actuando con plena libertad y pidiendo el voto a los catalanes que decidan libremente ir a votar. En la democracia española no se persiguen las ideas, sino los delitos. Se persiguen y se castigan, en su caso, tras un juicio con todas las garantías.

No, en España no hay presos políticos oprimidos ni sufrientes exiliados (y menos comparables a los que perdieron la Guerra Civil, como lanzó Pablo al principio de esta escaramuza). Si no hubiera democracia, un vicepresidente del Gobierno no podría denunciar que no hay democracia. Elemental.

LAS elecciones catalanas nos afectan directamente. Hay incógnitas por la pandemia y dudas sobre participación, pero las encuestas dicen que cambiará poco el panorama, salvo que dos tercios de los votos de Ciudadanos en 2017 irían al PSC o en segundo lugar a Vox. Si no hay intercambios entre el campo independentista y el constitucionalista, los comicios de mañana aportarán escasa novedad al embrollo regional. Y quizá tengan mayor repercusión en el ámbito nacional.

Si vuelve un gobierno soberanista irredento, el Principado seguirá en el bucle melancólico: los últimos sondeos apuntan un auge de Junts en la recta final. Puigdemont ha convertido la enésima versión de Convergencia, camuflando la corrupción, en una plataforma de ultranacionalismo mágico. Tuvo el descaro, en vísperas del viaje de Borrell a Moscú, de compararse con Navalny, cuando es justamente la antítesis. El disidente ruso empezó con una fundación anticorrupción y Puigdemont como dirigente del partido del 3%. Al uno lo persigue un régimen autocrático, que ha intentado asesinarle; aun así vuelve a su país y se enfrenta a sus jueces. El ex president huyó de una democracia plena después de cometer varios delitos contra el estado de derecho.

En paralelo, desaparece la derecha moderada nacionalista. El PDeCat va a correr la misma suerte que la UDC de Duran y Lleida cuando concurrió separada del pujolismo. Tampoco le valdrá de mucho a Alejandro Fernández su buen nivel en los debates; el PP apunta a farolillo rojo, sobrepasado por Vox. Tanto Arrimadas como Casado pueden estar mañana por la noche en precario, debilitados por los malos resultados.

La gobernanza del país, cogida con alfileres, también puede resentirse de la tensión insostenible generada entre PSOE y Podemos en la campaña. En su tónica populista, Pablo Iglesias ha desacreditado a la democracia española, banalizando la dictadura de Franco y la autocracia de Putin, para agradar a Puigdemont. Resulta una paradoja que el eventual éxito de la operación Illa, si no puede gobernar como le pasó a Arrimadas, se vuelva en contra de una salida negociada, por el pacto independentista para impedir la presidencia del ex ministro. Para Pedro Sánchez quizá habría sido más rentable la victoria de ERC, y un tripartito que sacara del callejón sin salida a Cataluña y reforzara su exigua mayoría en el Congreso.

En caso de que el Gobierno aplique ahora medidas de gracia a los presos del procés esperemos que afecte a quienes se quedaron y rindieron cuentas de sus actos. Y excluya al menos a quienes salieron corriendo.