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España, sentenciada

La sentencia del Supremo abona el enfrentamiento civil al que ya inevitablemente nos dirigimos en Cataluña

Diré lo fundamental en el primer párrafo, como mandan los cánones periodísticos: la sentencia del Supremo abona el enfrentamiento civil al que ya inevitablemente nos dirigimos en Cataluña. Esa, siendo muy mala, no es la peor noticia.

Lo peor es que es los españoles hemos tenido dos pruebas irrefutables en quince días y al máximo nivel de lo que podemos esperar de la Justicia: ni respeto a los más elementales derechos individuales, ni defensa de la nación, del orden constitucional y del Estado. Eso sí, sometimiento total a las conveniencias y estrategias del poder político. A esto ha llevado la absoluta penetración de la administración de Justicia por los poderes políticos desde hace décadas. ¿Podría esperarse otra cosa? Al parecer son muchos los que aún creen que se puede sembrar alcacel para recoger trigo; de otro modo no se explican las cosas de esta España de instituciones gangrenadas.

La sentencia del Supremo es coherente en todo con la gestión que primero Rajoy y luego Sánchez han hecho del 155 y de la crisis catalana. El gran problema para ellos no estuvo en Barcelona el 1-O sino en la reacción del pueblo español tras el discurso del Rey el 7 de octubre. Desde aquellas fechas los españoles sabemos que para la defensa del futuro y de la patria no podemos contar con el Gobierno ni con los partidos mayoritarios, ahora comprobamos que tampoco con una Justicia perdida en los meandros de la política y en los cálculos pseudojurídicos. Nos lanzan el hueso de la alta conveniencia de la unanimidad del tribunal, pero en otros casos graves poco ha importado la existencia de votos particulares con tal de componer sentencias gratas a los que mandan.

Es increíble que una nación de casi cincuenta millones de ciudadanos, con una democracia consolidada, una economía entre las principales del planeta y unas fuerzas armadas leales y eficientes, ante una crisis como la catalana, que amenaza los fundamentos de su existencia, tenga los ojos puestos en la opinión de la prensa extranjera, de los organismos internacionales y de las redes sociales antes que en la defensa desacomplejada de sus intereses vitales. Sin duda el peso de la opinión importa, y hay muchos medios nunca ensayados para compensar la intensa propaganda secesionista, pero esas consideraciones no deberían guiar nunca la acción del Gobierno en un asunto así ni, mucho menos, embotar el filo de la Justicia. Que siga el baile.

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