Los partidarios del no a Rajoy en el debate que lo invistió presidente del Gobierno, gracias a la abstención votada por otros compañeros del PSOE, se mantienen firmes en su actitud. Es más, algunos de ellos han iniciado actuaciones judiciales de distinta índole. Así, militantes del PSOE en Aragón, haciendo honor a la tenacidad que se supone a los baturros, han acudido a la vía civil, demandado la nulidad de los acuerdos de la gestora y, entre ellos -supongo- la obligación que impusieron a los diputados de su grupo parlamentario de abstenerse en el debate de investidura. Otros, en Madrid, han acudido a la vía penal, porque -también lo supongo- la sentencia de un juzgado, aunque sea firme no invalida un acuerdo del Parlamento. La acción penal se personaliza denunciando a Javier Fernandez, presidente de la gestora, a Mario Jiménez, como portavoz de la misma, y a Susana Díaz -vuelvo a suponer- por considerarla "autora intelectual" y se les acusa de usurpación de funciones, de coartar la libertad de conciencia y de coacciones. La información dice que ambas actuaciones judiciales han sido admitidas a trámite, lo que no significa nada, porque el rechazo de plano es rara avis en estas actuaciones. Más rotos, por tanto, en el partido y más labor de costura para repararlos.

Curiosamente esta actuación de los empecinados militantes en el "no a Rajoy", no está refrendada por la mayoría de los españoles. El CIS ha publicado su encuesta sobre la intención de voto nacional y esta viene a demostrar lo acertada que estuvo la Gestora, presidida por el asturiano Fernandez, al acordar que los diputados del PSOE se abstuvieran en la segunda votación del segundo debate de investidura. Y ello porque unas terceras elecciones, por falta de acuerdo, suponían un descrédito para los políticos españoles y graves inconvenientes a España, por el aplazamiento de decisiones inaplazables.

Además, las encuestas pronosticaban que el PSOE obtendría menos diputados que en las elecciones de junio. Se han confirmado, porque según la última encuesta, el PSOE perdería el 5,66% de los votos que obtuvo en Junio, quedando reducido al 17%, siendo superado por Podemos con un 21,8%, mientras que el PP ganaría un 1,5% de votos más, con lo que doblaría los obtenidos por el PSOE. Algunos de los obstinados en el no hubieran perdido el escaño que hoy, gracias al acuerdo de la gestora que impugnan, aún conservan. Supongo, que esto les compensara de su disgusto.