Se ha terminado el año lectivo sin que nuestros niños hayan podido integrarse en sus aulas. Ahora nos queda preparar y adaptar los colegios a la nueva normalidad para que el inicio de curso en septiembre sea posible. Toda inversión en educación es poca teniendo en cuenta su efecto directo sobre la vida de las personas y sobre la sociedad en su conjunto.

En la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España, se ha alcanzado un acuerdo para que la totalidad de los fondos extra para enseñanza, también los que provengan de la UE, se destinen únicamente a los centros de titularidad pública.

La educación pública sigue siendo la que acoge a la mayor parte de los alumnos escolarizados en nuestro país, un 67,5% del total, mientras que la educación privada concertada escolariza al 25,7% y la enseñanza privada no concertada al 6,8% restante.

La financiación pública de la enseñanza privada que, en sus orígenes, obedeció a la insuficiencia de plazas en el sector público, en la actualidad responde a las presiones por una oferta diferenciada que dé respuesta a unas preferencias diversas.

El argumento fundamental de los padres para optar por las escuelas concertadas no es una mayor calidad educativa, si no las características socioeconómicas de los alumnos, significativamente distintas y más favorables para el proceso educativo que las de los centros públicos.

Como consecuencia de la LOMCE, de los efectos de la crisis y los recortes en educación, desde 2007 hasta 2017, la escuela concertada ha ganado un 25% de financiación mientras que la escuela pública sólo ha crecido un 1,4% (técnicamente ha retrocedido).

Aunque la escuela concertada recibe fondos en función de su volumen, este incremento no llega por haber ganado alumnos (o aulas concertadas) en la última década, sino de los complementos a la financiación de las Comunidades Autónomas.

No me posiciono en contra de las escuelas concertadas, pero entiendo que el derecho a la educación gratuita no comprende el derecho a la gratuidad educativa en centros privados, porque los recursos públicos no responden a las preferencias individuales, sino a las necesidades sociales.

Fomentar la educación pública, no ataca a la concertada. Pero, privilegiar a la concertada, si puede acabar con la pública. Aún tenemos una oportunidad de reducir las partidas de ayuda a las concertadas y consolidar las públicas. Si se mantienen las actuales Proyecciones de Población del INE, España tendrá 800.000 niños menos en 2030 y habrá que cerrar más de 30.000 aulas.