El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo bastante sensato y razonable sobre la Semana Santa. Consiste en mantener el toque de queda, las restricciones a la movilidad y la interacción social, y la limitación de reuniones. Todas las comunidades excepto Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso pretende abrir la mano.

El pacto nace de la opinión prácticamente unánime de los expertos y de la experiencia de todas las autoridades políticas y sanitarias: cuando se rebajaron las medidas restrictivas para aquello tan loable de salvar la Navidad, la pandemia registró la tercera oleada, insoportable, que aún estamos padeciendo. Se comprende el drama de muchísimos españoles que ven arruinarse sus negocios y perder sus empleos -a los que urge recibir ayudas directas del Estado en esta cruel coyuntura-, pero resulta prioritario preservar el derecho a la salud y a la vida de todos los españoles, golpeados por el coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mantenido una actitud completamente discordante de la del Ministerio de Sanidad. Acertó en varias ocasiones porque las improvisaciones, rectificaciones y mentiras de Illa y Simón durante los primeros meses de la enfermedad causaron mucho daño. Pero una vez que han asumido esos errores y puesto en marcha las medidas que la experiencia, propia y extranjera, han desvelado como las mejores, o las menos malas, no se entiende la actuación empecinada y a la contra de Díaz Ayuso. No se entiende más que desde la autoconvicción de que ella tiene que ejercer de contrapoder del Gobierno de la nación, como una especie de instancia alternativa a la mayoritaria en todo el país. Pero su gestión no la avala, sino todo lo contrario. Madrid está a la cabeza de los contagios desde hace tiempo. Por motivos puramente partidistas no quiere dar su brazo a torcer. Eso es malo para los madrileños, y también para al resto de los españoles. Bajar la guardia en Madrid significa estropear las alertas de las demás comunidades. No es una región aislada precisamente. No puede haber burbujas.

Intentar salvar la Navidad fue un grave error. Los hechos lo demuestran. Intentar salvar la Semana Santa sería reincidente. Sacrificarla podría servir, intensificando la vacunación al máximo, para salvar el verano. Es decir, la hostelería, los viajes, el ocio. Quizás el principio de la recuperación real.

LA destitución de Fernando Simón como coordinador de la pandemia del Covid-19 sería una medida de higiene nacional. Desde el principio este señor ha cometido errores de bulto. Ha adoptado decisiones equivocadas, que él mismo ha reconocido. Ha realizado declaraciones contradictorias. Ha asumido, en ocasiones, que íbamos mal y hasta que no sabía por dónde íbamos. Se ha permitido detalles chulescos. Ha omitido las consecuencias de sus errores, que podían ser incluso mortales. Y hasta ha lanzado mensajes opuestos a los que difundía el Gobierno. Sin embargo, Pedro Sánchez, que se lo encontró en el cargo, no lo ha destituido. ¿Por qué? Debe ser por algo que no sabemos. Otra explicación choca contra la lógica.

Ante las manifestaciones del 8-M, la actitud de Fernando Simón ha sido impresentable. No pudo actuar así por casualidad. Afirmó que se puede asistir a las manifestaciones feministas guardando las distancias de seguridad. Lo dijo horas después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darías, pidiera lo contrario. Además, y sin venir a cuento, lo comparó con las procesiones de Semana Santa, que desaconsejó, porque no es lo mismo manifestarse en las calles vestidas de morado que cargar 2.500 kilos todos por igual, según el ejemplo que puso.

Lo que no dijo es que, además de las procesiones de Semana Santa, han prohibido todos los cultos externos, entre los que se incluyen vía crucis, traslados y rosarios de la aurora, a algunos de los cuales irían menos de 500 personas. Pero no se trata de perseverar en la comparación odiosa, sino que las manifestaciones del 8-M de 2020 causaron muertes en España y contribuyeron a la expansión de la pandemia. No fueron la única causa de la propagación, por supuesto, pero sí que influyeron, como otros actos, partidos de fútbol y mítines, además de las medidas equivocadas.

Tras su nueva metedura de pata, Fernando Simón dijo que no se expresó bien y pidió perdón. Pero después ha llegado el sainete de los delegados del Gobierno con las manifestaciones: uno prohíbe y otros autorizan. ¿Qué pasaría si después del 8-M hay un aumento de casos que obliga a adoptar medidas más restrictivas? ¿Quiénes serían los culpables? ¿Por qué las feministas tienen permiso para hacer lo que se prohíbe a otros ciudadanos? No sería la única manifestación de la pandemia, pero las circunstancias y el riesgo no son comparables.

Tampoco hay que demonizar al feminismo, sino simplemente pedir que las normas sean iguales para todos y todas. Y que este doctor Simón sea relevado ya de su cargo.