Ha finalizado el estado de alarma, pero el coronavirus sigue entre nosotros. Estamos en "la nueva normalidad", una etapa de rastreo y vigilancia donde el estudio y seguimiento de los contactos de cualquier persona contagiada persigue realizar un diagnóstico temprano para evitar la transmisión.

Desde hace unos días, Algeciras permanece en alerta tras el brote detectado en una pensión, que provocó la muerte de uno de sus huéspedes de 78 años con patologías previas. De los otros 16 residentes, tres dieron positivo en la prueba de Covid-19. Una mujer española de 70 años, ingresada en el hospital Punta de Europa. Y dos inmigrantes subsaharianos de 19 y 24 años.

El virus se ha extendido al trasladar a estas personas desde esta pensión a un centro de una ONG, cuando ya había un fallecido, pero sin comunicar su contagio. Los afectados son de origen africano. Y se han detectado 64 contactos, con 17 PCR positivos.

A todas estas personas migrantes se les realizó pruebas en Almería, cuando llegaron a España en marzo, y sus resultados fueron negativos. Y, sin embargo, el alcalde de Algeciras ha falseado los datos a su antojo para usarlos de arma arrojadiza contra el gobierno central. De paso ha criminalizado a los inmigrantes. Nada nuevo.

Los bulos sobre el coronavirus son otra epidemia. Se han verificado 600. Buscan crear más miedo o aprovecharse de la situación de alarma. Pero antes de la pandemia ya circulaban dos grandes bulos sobre los inmigrantes.

Uno, sobre el colapso de la sanidad pública por los inmigrantes, que no solo carece de base estadística, si no que contradice todos los datos disponibles. Un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia concluyó que el 57,75% de la población española había acudido al menos una vez a los servicios de atención primaria frente a solo el 12,7% de la población inmigrante.

Asociado a este, hay otro sobre el gran gasto que suponen los inmigrantes. Sin embargo, según la Fundación La Caixa, la población inmigrante en España solo supone el 5.1% del gasto sanitario público total. Y según datos del Instituto de Estudios Fiscales, el coste farmacéutico por paciente español es de 374 euros frente a los 73,70 euros por extranjero.

Tampoco la llegada de inmigrantes supone una amenaza para la salud pública, ni pone en riesgo los sistemas sanitarios. En 2018 se publicó un estudio sobre migraciones y salud, elaborado por más de 20 científicos internacionales, donde se especifica que "no existe una asociación sistemática entre migración e importación de enfermedades infecciosas".

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