El balcón

Desaire taurino

El Gobierno incumpliría la ley de la Tauromaquia como patrimonio artístico si excluye a los toros del bono cultural

El bono cultural para jóvenes previsto en los presupuestos del año que viene parece improvisado y arbitrario. Lo sugiere la falta de concreción de la ministra de Hacienda en la presentación del jueves y las divagaciones del ministro Iceta sobre el asunto. Serán 400 euros para quienes cumplan 18 años en 2022; no se sabe más, salvo que no valdrá para ir a los toros. Una decisión que se salta a la torera la ley de 2013 que define la Tauromaquia como "parte esencial del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España". Tan arraigada es la afición entre los españoles que hasta el dirigente de HB Jon Idígoras fue torero, con el sobrenombre de Chiquito de Amorebieta.

El modelo nos suena, el presidente Chaves ya implantó unos cheques en 2009, después de su última mayoría absoluta. Entonces fueron 60 euros y había un catálogo de 175 actividades elegibles por los 98.000 beneficiarios que cumplían 18. La iniciativa fue copiada en el País Vasco con un bono cultura que subvencionaba parte del gasto a todos los públicos. Y en 2016 el Gobierno italiano implantó una fórmula calcada a la de Sánchez, con 500 euros.

Ignoro si aquellos talones de 10 y cinco euros de Chaves excluían a los toros. El BOJA del 12 de febrero de 2009 hablaba del "libre acceso de las personas a la cultura y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente el flamenco". Pero lo que sí sabemos es que los toros quedan al margen en el bono de Sánchez y ya tenemos lío: con este desaire por presiones de Podemos, el PSOE deja la defensa de lo taurino a las derechas. La andaluza María Jesús Montero, posible candidata socialista a la Alcaldía de Sevilla, tropezó el jueves con ese escollo en la rueda de prensa de presentación de los PGE de 2022. Se vio en el aprieto de reconocer que la tauromaquia es cultura, pero no está incluida en esta ayuda. Hablamos de una actividad económica que emplea a 54.000 trabajadores y mueve 4.150 millones de euros al año, con un censo en 2019 de 200.000 reses, la tercera parte en Andalucía.

Censuramos que desde la Generalitat de Cataluña incumplan la Constitución. El Gobierno reclama al PP que acate la ley y renueve el CGPJ. Pues bien, no sólo la oposición o los ultranacionalistas, el Ejecutivo también tiene que cumplir la legislación. Si no cree que la tauromaquia sea cultura, que plantee derogar la ley de 2013 y que el Ministerio del ramo elimine sus premios nacionales. Caso contrario, que los jóvenes decidan en qué se gastan el cheque cultural, sin discriminaciones.

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