E N España los servicios sociales han sido históricamente el pariente pobre del Estado de Bienestar. La Ley de Dependencia sentó las bases para su desarrollo, que se frenó por la gestión de la crisis económica.

Las residencias para personas mayores han estado especialmente desatendidas por el sector público. La escasez de plazas públicas abrió las puertas a la oferta privada, que vio en esta necesidad un importante nicho de negocio. Así fondos de inversión, aseguradoras y constructoras entraron en el mercado de las residencias de ancianos.

Estas residencias, con un alto trasiego de personas, visitantes y personal, una proporción insignificante de profesionales sanitarios cualificados, con un modelo de trabajo asistencialista alejado de la "atención centrada en la persona", con contratos precarios, bajos salarios, e instalaciones y recursos claramente insuficientes, no pudieron evitar la propagación del coronavirus entre residentes y personal.

Y qué hacían nuestros políticos desde el inicio de la crisis sanitaria. Pues utilizar las muertes en estas residencias como arma arrojadiza, sin rubor ni respeto por la tragedia. Por supuesto, obviando quién eran los responsables del control de todos los centros sociales en nuestro país.

Al amparo del artículo 148 de la Constitución, las competencias en materia de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. También durante la pandemia las competencias para adecuar las residencias de ancianos, contratar personal o dotarlas de equipamiento ha seguido estando en manos de las comunidades autónomas.

Así lo reflejan varias órdenes publicadas en el BOE desde marzo. De hecho, el Real Decreto 463/2020 establece que cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios.

Así que, la responsabilidad del Gobierno central se limitó a coordinar y controlar la acción de las autonomías. Las órdenes dadas desde el Gobierno de España establecían pautas de refuerzo y reorganización de las residencias cuyo cumplimiento se exigía a las comunidades, a las que además se facultó a mediados de marzo a intervenir o medicalizar los centros en caso necesario. Además, estableció un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar "prestaciones básicas de servicios sociales" (Real Decreto-ley 8/2020).

Teniendo claro las competencias del gobierno central y los autonómicos, que cada cual asuma su responsabilidad, incluidos los gestores de estas residencias.