La interceptación el pasado día 4 del superpetrolero Grace I por parte de las autoridades de Reino Unido y Gibraltar en aguas de soberanía española ha provocado la correspondiente protesta formal del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo sucedido no es un caso aislado. Como revelamos hoy en páginas interiores, el pasado 25 de marzo, dos embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) fueron hostigadas por embarcaciones de la Royal Navy y de la Policía gibraltareña cuando, también en aguas bajo jurisdicción española, conducían para su inspección en un fondeadero a un buque del que se sospechaba que transportaba un alijo de droga. La pericia y calma demostradas por las tripulaciones de la Décimo Aniversario y la Águila IV evitaron males mayores.

Este episodio viene a confirmar la deslealtad del Gobierno de Fabian Picardo hacia España, por más que el ministro principal de la colonia diga de forma reiterada que tiene voluntad por mantener unas relaciones de amistad con sus vecinos del otro lado de la Verja. Como en tantas otras ocasiones, sus palabras no corresponden a sus actuaciones, conducidas por la prepotencia, la media verdad y un particular sentido de la impunidad.

La inminencia del Brexit -cuya activación estaba prevista inicialmente para el 29 de marzo, luego el 12 de abril y, finalmente, el 31 de octubre- posibilitó que, en noviembre de 2018, los gobiernos de España y Reino Unido suscribieran unos memorandos de entendimiento en cinco materias: derechos de los ciudadanos, lucha contra el contrabando, medio ambiente, fiscalidad y cooperación policial. Esos acuerdos, de los que participó en la sombra el Ejecutivo yanito como parte de la delegación británica, tenían por objetivo asegurar de forma ordenada y pacífica los vínculos entre Gibraltar y España durante, al menos, el periodo de transición de dos años que se abriría en la primera fase del Brexit. La puesta en práctica, sin embargo y a la vista de los antecedentes, va a ser difícil. Y no por falta de voluntad española. No solo se trata de los incidentes marítimos descritos. El Ejecutuivo gibraltareño, por ejemplo, continúa permitiendo que el tabaco de contrabando salga a diario de sus fronteras y llegue a España, sin tributar un solo euro, dejando a cambio en la Roca altos beneficios por su venta.

No hay que caer, sin embago, en la trampa ni contribuir a la visión cortoplacista de Picardo, principal interesado en presentar a España -antes con el PP en el Gobierno, ahora con el PSOE- como un adversario. Los ciudadanos del Campo de Gibraltar y de Gibraltar llevan siglos de convivencia a pesar de algunas de sus autoridades y así debe seguir siendo.