En su libro Gibraltar, la roca en el zapato de España, Manu Leguineche narra cómo el ministro Castiella planeó minar los cielos de la Bahía de Algeciras con globos aeroestáticos para impedir la entrada y salida de aviones de Gibraltar. Pretendía no solo hacer más duro el aislamiento del Peñón, por aire además de por tierra, sino boicotear de forma directa uno de los elementos de discordia más acentuados entre el gobierno yanito y España: el aeropuerto de Gibraltar, construido a las bravas sobre un espacio -el istmo- excluido de los territorios cedidos en el Tratado de Utrecht. No fue una idea aislada. Desde su ocupación en 1704, Gibraltar ha resistido a asedios militares, hambrunas y epidemias de diverso signo. Sin embargo, la colonia se asoma a día de hoy a una nueva crisis que poco tiene que ver con situaciones anteriores y que pone en riesgo su economía, basada en un bajo nivel impositivo (al que nada se puede objetar) y en una opacidad fiscal que oculta prácticas en absoluto recomendables.

España viene denunciando esto último desde hace muchísimos años, pero esa queja se ve ahora avalada por la decisión de la Cámara de los Comunes de enmendar la Ley de Sanciones y Antiblanqueo de Capitales -con el impulso de los laboristas y el apoyo de una veintena de rebeldes tories- para que Gibraltar y otros trece territorios británicos de ultramar presenten antes de 2021 un registro público con los nombres de los dueños de las sociedades mercantiles con sede social en su jurisdicción. Atentos al fuego amigo de la laborista Margaret Hodge: "Hay un espectro de actividad que comienza con la evasión de impuestos y luego pasa rápidamente al lavado de dinero y al crimen organizado. Gran Bretaña y sus territorios de ultramar se han convertido en la jurisdicción preferida para el dinero sucio debido al secreto de nuestras leyes de propiedad offshore".

Y eso es así porque esas sociedades offshore cuentan en Gibraltar con un oasis particular. No solo les es fácil ocultar la información de su actividad y disfrutan de una tributación ridícula, sino que tan solo pagan impuestos por los beneficios obtenidos en el Peñón. Sus ganancias en otros países quedan directamente en manos de sus dueños, cuya identidad y origen de sus fortunas permanecen en el anonimato.

Esas prácticas casan al milímetro con las de un paraíso fiscal, condición esta última de la que escapa Gibraltar nominalmente por su condición de territorio miembro de la UE. El panorama cambiará, obviamente, una vez se haga realidad el Brexit en 2019. Fuera de la Unión, el Peñón tendrá muchas papeletas para volver a ser considerado como paraíso fiscal, por lo que las empresas allí domiciliadas perderían muchas de sus ventajas al activarse una serie de cláusulas que a nivel internacional se aplican a quienes esconden su dinero en dichos territorios. La fuga de capitales y de empresas hacia otros países con una normativa más laxa está servida.

La cuestión es si el Gobierno español actuará para aprovechar esa ventaja. La Línea, con su alcalde a la cabeza, viene reclamando desde hace dos años medidas excepcionales para evitar que ese previsible éxodo de empresas del Peñón afecte a los alrededor de 10.000 linenses que cruzan a diario la Verja para trabajar. ¿Por qué no conceder esas ventajas fiscales a La Línea para favorecer que las firmas de juegos online y las de seguros se asienten junto a la Calle Real? Que esas ayudas se hayan dado de momento solo a Ceuta y Melilla es muy mal presagio. Nos queda un año clave.