El resultado del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea de 23 de junio de 2016 supuso un terremoto inesperado (y aunque suene contradictorio, previsible) con profundas ondas de impacto en ámbitos sociales, económicos y políticos en todos los aspectos de las relaciones internacionales.

Estos efectos, perceptibles en general en todo el territorio de la Unión Europea y, en consecuencia, en España, son especialmente acusados en relación con Gibraltar y sus relaciones con su entorno natural, el Campo de Gibraltar. Entre los sectores más vulnerables de las consecuencias del proceso de salida del Reino Unido y, por tanto, de Gibraltar de la UE, se encuentran los trabajadores transfronterizos.

Efectivamente, este colectivo empezó a sufrir ya las consecuencias negativas de la decisión al día siguiente del referéndum cuando cambió la tasa de cambio entre la libra y el euro. Lo cierto es que la complejidad en sus relaciones laborales en un entorno transfronterizo altamente conflictivo ha tenido como consecuencia la debilidad en la protección de sus derechos, a pesar de ser un elemento esencial para el modelo de éxito económico de Gibraltar y de su contribución positiva en España.

Es por ello que el enfoque práctico de negociación del Gobierno español buscando la mejora de las relaciones transfronterizas en el marco extraordinariamente complejo del Brexit me parece el adecuado. La disparatada propuesta de cosoberanía del Gobierno anterior como eje de la posición española en relación con Gibraltar y el fomento de los desencuentros y escalada de tensión que buscaba el Ministro García-Margallo tomaba siempre como rehén a este colectivo.

Ha sido muy buena noticia el anuncio el pasado martes que las autoridades de España, Reino Unido y Gibraltar hayan acordado el procedimiento para que los casi 10.000 trabajadores transfronterizos españoles puedan hacer efectivos sus derechos a partir del 1 de enero de 2021, cuando termine el período de transición que garantiza sus derechos anteriores a la salida de la UE.

Las controversias sobre Gibraltar deben tratarse desde el diálogo y la negociación entre las partes, incluyendo a un actor clave, Gibraltar. Creo que es adecuado que, en un lugar privilegiado de las negociaciones, junto a los grandes intereses de Estado, se sitúe la defensa de los sectores más débiles y vulnerables ante las consecuencias del Brexit, en este caso, los derechos de los trabajadores transfronterizos.

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