Queda apenas unas semanas para terminar este aciago año 2020 y con él, el período de transición pactado por la Unión Europea y el Reino Unido en el acuerdo de retirada para mitigar las severas consecuencias de la decisión de retirada, efectiva desde el 1 de febrero de este año 2020.

Por el momento no se ha logrado alcanzar el acuerdo que regule el marco futuro de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y todos los indicios apuntalan los escenarios más pesimistas. Es cierto que en política europea las grandes decisiones se culminan cuando se alcanza el borde del abismo, por lo que todavía, antes de caer en el precipicio de la ausencia de un acuerdo, hay un cierto margen para un pacto de última hora, o bien, una prórroga de la situación actual con una ampliación del período de negociaciones.

No obstante, lo cierto es que parece sensato haber previsto planes de contingencia para paliar los efectos más negativos de la salida de uno de los principales socios del bloque comunitario europeo. Todos los países se verán, de una manera u otra afectados, pero parece claro que los territorios con fronteras terrestres sufrirán unas consecuencias especiales del cambio de régimen jurídica en los controles fronterizos. En este sentido, hay dos territorios singularmente afectados, Irlanda y Gibraltar. El caso irlandés es esencialmente complejo en cuanto entran en juego los llamados acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin a décadas de violencia terrorista.

El caso de Gibraltar por supuesto no tiene ese cariz preocupante, pero aquí se generan un conjunto de problemas políticos, económicos y sociales que desde Gibraltar se proyectan a todo el Campo de Gibraltar, un territorio especialmente sensible y vulnerable a las consecuencias del Brexit.

El Gobierno central parece estar conduciendo unas negociaciones en la dirección adecuada de tratamiento de cuestiones transfronterizas, especialmente defendiendo los derechos de los trabajadores trasfronterizos. Pero lo que se echa de menos (¡y ha habido tiempo desde el referéndum en junio de 2016!) es la planificación y ejecución de un conjunto de medidas por todos los ámbitos administrativos con competencias afectadas que aborden decididamente las carencias y desequilibrios del territorio para que se afronte en mejores condiciones el futuro post-Brexit.

Hace tiempo escribí que las crisis generan oportunidades y, en este sentido, el Brexit podría ser una oportunidad única de despegue para el Campo de Gibraltar si las administraciones se implicaban. En diciembre de 2020 puedo decir que la oportunidad se ha desperdiciado.