Cuando en 1988 se iba a firmar en Rabat el primer acuerdo de pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos, tras la entrada de España un par de años antes en la CE, a causa de Ceuta y Melilla se vivió una situación similar a la que ahora plantea el Gobierno español con Gibraltar a propósito del Brexit. Con una diferencia, aquella firma solemne se retrasó varias horas sin explicación alguna ni advertencia previa. La sala estaba llena y los personajes centrales, presentes. Por los europeos el comisario de Pesca el portugués Antonio Cardoso y el de Relaciones con el Mediterráneo, el ex ministro francés Cheysson. Por los marroquíes, Abdellatif Filali, entonces ministro de Exteriores marroquí y años después, primer ministro de su consuegro Hassan II (un hijo de Filali estaba casado con la hija mayor del monarca).

Los marroquíes querían adjuntar al acuerdo una declaración política con la salvaguarda de sus derechos sobre Ceuta y Melilla, y España se negaba. Aquel tratado afectaba a unos 700 barcos españoles, básicamente andaluces y canarios, pero se exceptuaron los buques matriculados en Ceuta y Melilla por iniciativa marroquí, a pesar de la decisión unánime del Consejo de Ministros comunitario y de la posición favorable del Parlamento europeo. La firma se celebró finalmente, incluyendo una declaración verbal de Cheysson, lo bastante diplomática y confusa para que nadie resultara desairado.

El caso actual con Gibraltar es más complejo. En el fondo se trata para España de aprovechar la voluntad del pueblo gibraltareño por una vez. El Reino Unido se ha valido tradicionalmente de la opinión de los 30.000 habitantes de Gibraltar para mantener la soberanía de esta plaza estratégica en donde mantiene una base militar. Pero en el referéndum de junio de 2016 los gibraltareños eligieron por un 98% de los votos que Gran Bretaña siguiese en la UE. Algo que ellos podrían conseguir con alguna fórmula de soberanía compartida que los británicos rechazan y ahora resulta ilusoria. Dejar abierta la puerta a esa posibilidad es el objeto de este nuevo bloqueo en el Estrecho.

Gibraltar no es territorio comunitario stricto sensu, está fuera de la PAC, unión aduanera, libre circulación de mercancías o política comercial común y excluido del IVA, pero su población votó con entusiasmo que su metrópoli siguiera en la UE. Estas cosas son dinámicas y cambian con el tiempo: en 1973 los gibraltareños estaban excluidos de las elecciones al Parlamento europeo, pero votan desde 2004... Nunca se sabe.