Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Bien está lo que bien acaba

La larga cola de automóviles en el centro de vacunación quedó reducida a ningún tiempo de espera

Como el lunes pasado recibí la segunda dosis de la vacuna Pfizer, me parece de Justicia escribir que ya he recibido las dos dosis, que se supone que garantizan la inmunidad frente al Covid, o por lo menos, ingresar en el "rebaño" para conseguirlo. La vacunación en masa empezó en Andalucía el 27 de diciembre del año pasado y para fin de marzo de este año 2021 la Junta esperaba haber completado la doble vacunación para los andaluces. No ha sido así por la falta de vacunas, que proceden de terceros países que no la han suministrado a tiempo.

En Andalucía vivimos casi ocho millones y medio de personas y a mediados de marzo sólo el 2,95 % -o sea, 255.876 personas- había recibido las dos dosis, porque ante los retrasos en el suministro, se había optado, con toda la razón, por vacunar en primer lugar a los profesionales sanitarios. Esto dio lugar a la preterición de los mayores de 80 años, por una causa justificada. Como el orden de vacunación era un tema de importancia, su alteración dio lugar a la moción de censura que Cs y el PSOE presentaron al Gobierno del PP y la Autonomía de Murcia.

Yo me quejé, ante la evidencia de que amigos más jóvenes, o menos viejos que yo, habían sido llamados para vacunarse antes que yo y pude constatar, gracias a informaciones periodísticas, que los datos que obraban en Muface (a cargo de la Sanidad de funcionarios públicos) y que debían remitirse a las CCAA no estaban completos. Después de la primera vacuna y con el intervalo prescrito, ya he recibido la segunda y curiosamente la larga cola de automóviles en el centro de vacunación quedó reducida a ningún tiempo de espera. Días pasados, en un artículo publicado en este periódico, el catedrático de Derecho constitucional Eloy García comentaba la propuesta lanzada por Edmundo Bal de hacer una ley marco del artículo 150.1 de la Constitución, que obliga tanto al Estado como a las CCAA y que condicionaría cualquier otra ley que regule la movilidad de los españoles, permitiendo crear una autoridad judicial única, en la Audiencia Nacional, que revise la aplicación de las disposiciones dictadas por otras administraciones, evitando así multiplicidad de la sentencias contradictorias que se han producido y especialmente permitiendo demostrar que la Constitución está viva y sigue proporcionado soluciones a quienes las quieren buscar.

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