Lo malo de reformar el delito de sedición, como parece prometer el señor Sánchez, no es que acabemos indemnizando a don Antonio Tejero, hipótesis ciertamente improbable, o poniéndole un monumento a los golpistas (don Lluís Companys, golpista del 34, lo tiene desde antiguo), sino que, gracias a esta nueva gracia gubernativa, la degradación de la autonomía catalana continuará mucho más allá de lo esperable, hasta no sabemos qué límite de obstinación política e impericia. Por supuesto, nadie ignora que esta gabela penal, todavía en proyecto, tiene su origen en el más humano de los intereses: el interés del presidente Sánchez por perpetuarse en el poder. Si embargo, las previsibles consecuencias de tal medida no pueden sorprender a nadie. Ya conocemos, por experiencia propia y extraña, qué nos aguarda.

La propia, del 34 al 17, ya la sabemos (recomiendo, una vez más, la atenta lectura de La velada en Benicarló de don Manuel Azaña); la foránea, hoy en abierta multiplicación, va desde la implosión del Reino Unido, a cuenta de sus plurales provincianismos, hasta la depauperada experiencia canadiense: el ejemplo quebequés que hoy vuelven a reivindicar los independentistas, ocultando su dramático fracaso. Según debiéramos saber, los refrendos canadienses dejaron de convocarse cuando el gobierno canadiense exigió claridad, tanto en la pregunta formulada, como en las consecuencias que dicho resultado tendría para los votantes. Desde entonces, los independentistas quebequeses son bastante menos independentistas; y ello por una razón muy simple que los españoles conocemos sobradamente. Para existir, el nacionalismo necesita de una porción de la población a quien despreciar, orillar y perseguir, y sobre la que perpetuar sus privilegios. Sin esa casta inferior, el nacionalismo no puede concebirse. Sin ese privilegio, tampoco. Y es esta privilegiada existencia la que han visto peligrar los sufragistas de Quebec, y la que aún disfrutan nuestros nacionalistas patrios: vascos y catalanes.

Quiere decirse, entonces, que gracias a esta oportunísima reforma del delito de sedición, nuestros queridos sediciosos seguirán equivocándose con el dinero de todos. También seguirán atenazando a la población desafecta y arruinando al país que dicen amar. Cabe la posibilidad, eso sí, de que se trate de un plan de largo alcance: destruir España mediante la previa y minuciosa destrucción de Cataluña. Pero uno, la verdad, no se imagina al señor Junqueras y al señor Aragonés pensando tanto y tan seguidamente.