Las auditorías que el Gobierno andaluz ha encargado sobre los entes instrumentales de la Junta tienen su objetivo político: satanizar lo que el PP llamó administración paralela en la oposición, reafirmarse en su denuncia y, después, no hacer nada, que es lo que Vox ha afeado. Verán, habrá fusiones y reorganizaciones, pero no se aprobarán recortes de plantilla, porque buena parte de los entes cumplen su función. El Infoca seguirá siendo un instrumento válido para prevenir y apagar incendios forestales, y los hospitales públicos que han venido funcionando como agencias independientes se integrarán en el SAS, pero poco más, no esperen sangre. Pero para que el relato funcione es preciso añadir cubos de lodos sobre el pasado, y ahora le ha tocado el turno al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es una joyita que ha restaurado muchos tesoros artísticos, sacros en su mayor parte.

La auditoría de Instituto de Patrimonio sostiene, de modo literal, que hay "una buena planificación administrativa", que la gestión de los recursos humanos es "adecuada" y que es "eficaz", en cuanto ha conseguido el 90% de los objetivos fijados. Encuentra algunas duplicidades con otros departamentos de Cultura, pero dentro de los márgenes de toda administración. Lo que más critican los auditores es lo que juzgan como exceso de titulados superiores, que son 59 en una plantilla de 111. Bueno, es que el instituto se dedica a la restauración de obras de artes, a la catalogación y al estudio, no a criar pavos antes de Navidad. Sí hay muchos jefes -28 del total de 111-, lo que resulta excesivo, aunque bastaría con reorganizar la estructura de dirección. Todo ente público tiende al crecimiento desmesurado y a la consolidación de puestos de dirección, entre otras razones porque después llegan los juzgados y le dan la razón a los querellantes.

He leído varias de las auditorías -no todas, porque son 54-, y la única que requiere una actuación urgente, aunque es complicado, es la del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde sí hay un problema con la absorción del personal que provenía de la Faffe, la fundación que ejemplifica lo malo del sector público andaluz. Hay más escandalera que nueces en estos informes. La auditoría del Instituto de Patrimonio propone que se transforme en una sociedad mercantil o en una agencia pública, aunque gusta más la primera opción. No creo que eso sea un problema ni que se esté pensando en privatizar un instituto que encaja mal en el mercado, pero lo que no se entiende es que el Gobierno andaluz y la Consejería de Cultura no defiendan, sino manchen, lo que antes han elogiado.