La propuesta de la Junta de Andalucía que pretende ampliar la superficie de riego en el espacio protegido de Doñana legalizando pozos ilegales es un auténtico disparate. Las razones para esta calificación son muchas. Creo que no es ni siquiera necesario entrar en los valores ecológicos de un ecosistema único con una rica biodiversidad porque son suficientemente bien conocidos.

En un contexto de cambio climático y reducción de los recursos hídricos no se puede prometer el agua de la que no se va disponer. Lo cierto es que hay experiencias en zonas áridas (como Israel) en la que a través de desarrollos tecnológicos se está generando una potente industria de exportación agrícola que no necesita apenas agua. Andalucía necesita seguir esa vía.

En un horizonte de reducción de recursos hídricos, el futuro está en una industria competitiva, que maximice las potencialidades a través de I+D e infraestructuras hidráulicas punteras. Lo que se pretende, a través de pozos ilegales, es justo lo contrario. Por otra parte, el enfoque de primar lo ilegal frente a los que han actuado de acuerdo con la ley es un mensaje profundamente equivocado y favorece un modelo de sociedad al que Andalucía debería renunciar. Necesitamos configurar una sociedad respetuosa con el derecho y que genere confianza y estabilidad.

En tercer lugar, esta actuación que contribuirá a la desecación de Doñana tendrá unas consecuencias internacionales, tanto de tipo económico como jurídico.

Los consumidores europeos, mercado principal de la fresa de Huelva, son cada vez más sensibles en relación con las cuestiones medioambientales y esta preocupación se traslada a las redes de comercialización. Hace poco hemos visto cómo la desastrosa situación del mar Menor motivó una revisión de los procedimientos de compra de productos murcianos en grandes superficies alemanas.

Esta autorización de captaciones ilegales tendrá una enorme repercusión negativa en la imagen de los productos agrícolas andaluces. Finalmente, hay que recordar que la protección de Doñana se encuentra no solo en el ordenamiento jurídico interno, sino que también confluyen un conjunto de normas medioambientales europeas e internacionales y que, de aprobarse estas medidas, es seguro que se activarán procedimientos de sanción y medidas de control que, además de las posibles multas, contribuirán a deteriorar nuestra imagen y credibilidad exterior en un entorno muy competitivo.

El fututo de Andalucía está en las nuevas tecnologías, I+D, confianza en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y en modelos de desarrollo sostenible. La Junta no puede ir en dirección contraria.